Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales
ISSN 1669-1555

Volumen 10, nº 1 (2012)

Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA) y becaria de posgrado (CONICET-IIGG). Miembro del equipo de investigación “Las Nuevas Formas Políticas” (IIGG).
gabrielamattina@yahoo.com.ar

El presente artículo procura abordar continuidades y rupturas entre las formas de manifestación del poder electoral y contrademocrático en el marco de la Ciudad de Buenos Aires durante el mandato de Mauricio Macri entre 2007 y 2011. El estudio de este caso particular nos permitirá ofrecer una lectura localmente situada de un fenómeno advertido por parte de la teoría política contemporánea, consistente en la verificación de que la legitimidad electoral de los gobernantes no se extiende mecánicamente a su mandato, sino que su reputación y decisiones de gobierno son permanentemente sometidas a pruebas de validación en el espacio público. Con tal objetivo, hemos privilegiado un abordaje cualitativo de corte interpretativo y fenomenológico basado tanto en el análisis de información contenida en fuentes periodísticas nacionales y locales como en la realización de entrevistas en profundidad a actores políticos porteños.

This article aims to address continuities and ruptures between the electoral and counterdemocratic ways in which citizen power appears, in the context of the City of Buenos Aires during Mauricio Macri’s first term of office (2007-2011). This particular case study will allow us to offer a local view on a phenomenon that was already noticed by diverse contemporary political theorists: the fact that the electoral legitimacy of rulers does not extend mechanically to their term of office. On the contrary, their reputation and government decisions are permanently subject to validity tests in the public space. Bearing this objective in mind, we have chosen a qualitative, interpretive and phenomenological approach based on the analysis of both national and local media sources and in-depth interviews held with political actors from the City of Buenos Aires.

Key words

Acorde a los postulados de Rosanvallon(1) las democracias tienden a funcionar bajo un sistema de doble legitimidad: aquella electoral -sustentada en el voto- y aquella sustancial –referida al bien común y los valores fundantes del lazo social. Sin embargo desde fines del siglo XX dicho sistema se ha debilitado debido a la desacralización del momento electoral, el cambio de sentido adoptado por la idea de mayoría y la pérdida de credibilidad del poder administrativo. No obstante, surgen nuevos modos de constituir el poder de la generalidad social –entendida como horizonte regulador ya no plenamente sustancial– que derivan en nuevos tipos de legitimidades, las cuales hacen sistema con la democracia electoral-representativa, emergiendo un doble dualismo: a éste se suman las prácticas contrademocráticas que organizan la actividad ciudadana, conformando así un nuevo orden democrático. Este orden supone que la legitimidad electoral de los gobernantes no se extiende de modo implícito y automático durante su mandato, sino que estos son puestos a prueba de modo permanente en el espacio público –enmarcado por los mass media-, donde deben legitimarse a sí mismos y sus decisiones, generando así una dinámica de democracia continua.

En términos específicos, el presente trabajo procura abordar continuidades y rupturas entre las formas de manifestación del poder ciudadano electoral y contrademocrático en el marco de la Ciudad de Buenos Aires durante el primer mandato de Mauricio Macri, comprendido entre 2007 y 2011. A tal efecto, nos situaremos en una perspectiva analítica interpretativa y fenomenológica que abreve de una revisión de la producción contemporánea de la teoría política pertinente a nuestro caso de estudio, el análisis cualitativo de información contenida en fuentes periodisticas tanto locales como nacionales y entrevistas en profundidad realizadas a actores políticos porteños. 

Debe considerarse que la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza no sólo por la volatilidad de las preferencias electorales de sus ciudadanos –crecientemente autónomos de identidades partidarias– sino también por la amplitud y fluidez de su espacio público, en tanto el acceso a la comunicación política es considerablemente mayor que en otros lugares del país, se registran niveles de asociatividad relativamente elevados, tienen lugar intensos procesos de tematización mediática, y se escenifica la presencia ciudadana callejera obediente a diversas coyunturas y reclamos –movilizaciones sindicales, partidarias, actos oficialistas y opositores en el marco de fechas patrias o momentos de conflictividad extrema y expresiones ciudadanas callejeras espontáneas, entre otros fenómenos. Cabría suponer que las características de la intervención ciudadana en sus variadas formas (desde su cara más pasiva de opinión pública hasta su vertiente de estallido) intensifican y aceleran los cambios en las expectativas y preferencias de los votantes que redundan en fluctuaciones en los niveles de popularidad de los líderes locales visibles en las encuestas de opinión y otras manifestaciones ciudadanas y que poseen un correlato en las opciones electorales: ello se concatena tanto con la rápida y profunda variabilidad de resultados electorales como con el favorecimiento del surgimiento y caída de nuevos líderes y fuerzas políticas –casi carentes en muchos casos de un trabajo territorial previo.

Asimismo, es necesario atender a la interacción entre el modo específico de presencia ciudadana porteña y las instituciones locales de la democracia electoral, en tanto los sucesos que acontecen en la escena pública y que impactan en los niveles de popularidad y tipos de alineamiento de líderes locales y nacionales también suponen continuidades y tensiones en relación a los recursos institucionales con los que estos líderes y fuerzas cuentan en instancias tales como el Poder Ejecutivo y Legislativo. Allí  el voto consagra una asignación de cargos y balance de fuerzas que no solo suelen modificarse en respuesta a los eventos que transcurren en el espacio público, sino que también impactan en él –ejemplo de ello es la puesta en escena que representan ciertas sesiones legislativas. No obstante, puede registrarse a su vez una tensión inversa por la cual los recursos institucionales no coinciden con los niveles de popularidad de quienes los poseen, lo cual también entraña un escenario de conflictividad pública.

Transformaciones de las democracias contemporáneas: una aproximación teórica

Acordando con la bien conocida argumentación de Manin(2), es posible afirmar que el funcionamiento político de las sociedades occidentales responde actualmente a la lógica de las democracias de audiencia, producto de un proceso de metamorfosis del formato representativo. En primer lugar, el debilitamiento de las capacidades de los estados nacionales y de las identidades sustentadas en el trabajo bajo el modelo keynesiano(3) ha restado relevancia a la dimensión representativa de las mediaciones partidarias frente a su función procedimental. Estas instituciones han sufrido procesos simultáneos de separación de la sociedad e interpenetración y codependencia del Estado, por lo cual sólo operan en la actualidad como herramientas de competencia electoral orientadas a la formación de gobiernos(4)(5). En este contexto, el vínculo representativo se torna frágil y contingente, dado que ya no tiende a establecerse sobre la base de identidades políticas permanentes expresadas en partidos políticos, sino que es usualmente conformado por liderazgos de popularidad. Desde la óptica de Cheresky (6, p. 22), los lideres de popularidad son aquellos que “están sostenidos en la opinión pública por una relación directa con ella, que han ganado elecciones o son competitivos en ellas y cuyo poder proviene, en consecuencia, de esa fuente decisiva en las sociedades democráticas”. Éstos se constituyen en la arena mediática y entablan una relación directa con una ciudadanía crecientemente independiente -pese a la existencia de tradiciones políticas aún operantes que impiden una autonomización total del electorado-, no condensando adhesiones en programas sino en imágenes(6). A su vez, las mutaciones en la organización partidaria responden a aquellas que afectan al vínculo representativo. Diversos autores aluden a la personalización de los partidos políticos(7) y a la existencia de partidos estructurados flexiblemente en torno a liderazgos personales y autónomos que concentran los recursos organizativos y por ello controlan redes de tipo profesional y territorial –estas últimas estructuras políticas pueden entenderse como “partidos estatales estratárquicos de redes”(8).
De acuerdo con lo expresado anteriormente, la producción y reproducción de la legitimidad de los liderazgos de popularidad tiene lugar tanto en el mecanismo institucional electoral como –en forma permanente– en el espacio público político. En primer lugar, una proporción cada vez mayor del electorado no adscribe a identidades políticas previas a las campañas electorales, sino que los diversos liderazgos en competencia –gracias a su mayor libertad y adaptabilidad– instituyen contingentemente dichas diferenciaciones sobre la base de su mayor o menor éxito en la instauración del sentido de cada elección.
En consecuencia, el voto posee un carácter ascendentemente reactivo frente a una oferta electoral cuyos términos ya no se establecen en función de su capacidad de representar identidades políticas previas. Ello redunda, entonces, en una mayor volatilidad y variación electoral sincrónico-diacrónica (entre diferentes niveles de representación o elecciones a un mismo nivel separadas en el tiempo)(2).

Según Rosanvallon(1) las democracias se encuentran descentradas debido a la pérdida del carácter sacro de la elección, la cual solo brinda una legitimidad de establecimiento[b], referida a lo procedimental, sin otorgar una legitimidad sustancial vinculada a la expresión de la generalidad. Por lo tanto las elecciones solo son en la actualidad un modo válido de designación competitiva de personalidades o gobernantes, mas no legitiman a priori las políticas que éstos implementarán, es decir, no orientan el futuro. En este contexto se da una primacía del voto estratégico, un debilitamiento de los sentimientos de pertenencia política y la importancia de los programas, una fluctuación considerable de los clivajes sociopolíticos y, en consecuencia, una dinámica inestable que caracteriza al universo político en general.

No obstante, para este mismo autor emergen tres nuevas formas de generalidad, cada una de las cuales se corresponde con un nuevo tipo de legitimidad: en primer lugar, una generalidad negativa (legitimidad de imparcialidad), la cual supone la distancia respecto de las particularidades implicadas en una cuestión y se refleja en el trabajo de las autoridades independientes de control y regulación. En segundo lugar, surge una generalidad de multiplicación (legitimidad de reflexividad), la cual pluraliza las expresiones de soberanía social –corrigiendo el problema que representa asimilar la mayoría electoral a la voluntad del cuerpo social– y las instituciones en las que se expresa son las cortes constitucionales. Por último, aparece la generalidad de atención a la particularidad (legitimidad de proximidad), la cual consiste en el reconocimiento de todas las singularidades sociales y remite particularmente a un conjunto de expectativas sociales sobre el comportamiento de los gobernantes. Estas legitimidades siempre se encuentran asociadas a cualidades –es decir, no ligadas intrínsecamente a estructuras–, de lo cual se deduce que no se adquieren de una vez y para siempre sino que se encuentran permanentemente cuestionadas.

En consonancia con lo anterior, a pesar de que las elecciones brindan legitimidad de origen al gobierno, no equivalen a hacerlo depositario de la confianza ciudadana(10). Esto último acontece en el espacio público político, cuya expansión, centralidad y complejización multiplicó las voces en él intervinientes y despojó a los partidos políticos de su rol de actores estructurantes del mismo. De hecho, la política se desarrolla sobre la base de un estado de la opinión pública construido en dicho espacio(11), donde residen poderes indirectos por los cuales la ciudadanía cumple un rol de control, ejerce su soberanía negativamente -bajo la lógica obstructiva del veto e incluso del estallido orientado a la autorrepresentación- y juzga a sus gobernantes, configurándose una nueva forma política contrademocrática(10). De este modo, la ciudadanía vela para que el poder sea fiel a sus compromisos, buscando los medios que permitan mantener la exigencia inicial de un servicio al bien común.

Debe contemplarse a la ciudadanía, entonces, no sólo en tanto audiencia pasiva –interpelada por los sondeos y medios de comunicación– sino  también en tanto intervención reguladora activa en el espacio público político(11). Consecuentemente, puede aludirse al nuevo formato representativo bajo la denominación de democracia continua o democracia inmediata, en tanto la presencia  ciudadana se vuelve permanente, condicionando y contrapesando los poderes representativos. Efectivamente, el ciudadano no adopta una posición necesariamente pasiva frente a la política sino que diversifica sus repertorios, vectores y objetivos de acción política.

En conclusión, las legitimidades de imparcialidad, reflexividad y proximidad constituyen una democracia indirecta que hace sistema con aquella electoral-representativa, corrigiendo sus deficiencias junto con las actividades ciudadanas de carácter contrademocrático. Es en estas últimas y su vínculo con la democracia electoral-representativa donde ubicaremos nuestro foco, emplazándonos en el marco espacio-temporal de la Ciudad de Buenos Aires durante el primer mandato de su jefe de Gobierno, Mauricio Macri (2007-2011).

Las especificidades del caso porteño

Es factible reconstruir rasgos distintivos que hacen de la Ciudad de Buenos Aires un distrito paradigmático, donde tanto la metamorfosis como la crisis de representación se evidenciaron más patentemente. La configuración política que se consolidó luego de la crisis se caracterizó –a diferencia de otros distritos– por un sistema de partidos colapsado(12) y fragmentado, con una marcada desconcentración del voto hacia los partidos tradicionales y una significativa volatilidad y fluctuación electoral: estas características se encuentran en concordancia con aquellas operantes incluso con anterioridad a la crisis de 2001.
Sin dudas, la ciudadanía porteña se encuentra descarnadamente expuesta al influjo de la comunicación política, dado el alto consumo de medios de comunicación que allí se registra(12). En consecuencia, su protagonismo en el espacio público político es mayor que en otros distritos, aportando al mismo un dinamismo e inestabilidad particulares, dada la combinación entre actitudes políticas desafectas, independientes y crítico-fiscalizadoras (13)[c]. Considerando asimismo que el permeable espacio público político porteño se yuxtapone a aquel nacional (14) (15) (16) (17) (18) –debido tanto a la localización física de poderes estatales y medios de comunicación como a la cobertura simultánea de noticias locales y nacionales–, la Ciudad de Buenos Aires reviste una visibilidad singular. Tal es así que el público estallido social de 2001 –expresado en el movimiento asambleario, las manifestaciones y violencia callejeras– tuvo su epicentro en el distrito en cuestión. Vale detenernos en este punto: la presencia física de la ciudadanía se manifiesta con mayor asiduidad y dramatismo en la Ciudad. Son harto conocidas las múltiples protestas o reuniones públicas motivadas por reclamos, conmemoraciones y festejos usualmente realizadas en las plazas y principales avenidas ubicadas en las cercanías de edificios públicos, las cuales reflejan el activismo de grupos gremiales afines u opositores al oficialismo nacional, organizaciones sociales, centros de estudiantes, grupos de docentes, asociaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales de todo tipo y agrupaciones políticas, entre otros colectivos. No obstante, existen otras escenificaciones más singulares como aquella por la cual grupos de ciudadanos suelen asistir a sesiones de la Legislatura local por cuyos temas se sienten interpelados o afectados, plasmando de ese modo no solo un efecto escénico sino también ejerciendo un modo de presión sobre el voto de los legisladores, el cual adquiere inmediata publicidad y es condenado o aprobado por la tribuna[d]. Dichas irrupciones también tienen lugar durante las campañas electorales, alterando momentáneamente el sentido de los espacios donde tienen lugar: un ejemplo de ello es la sorpresiva presencia de simpatizantes del Club Comunicaciones durante el acto en el cual Mauricio Macri anunció su postulación a la reelección en la jefatura de Gobierno de la Ciudad[e], así como también la conversión de una recorrida barrial de Gabriela Michetti y Fernando de Andreis durante la campaña legislativa de 2009 en una protesta contra la política ambiental del gobierno porteño[f].
Los rasgos expuestos van en sintonía con el diagnóstico que los autores expuestos anteriormente efectúan sobre las características de las democracias contemporáneas: es en este contexto en el cual situaremos el presente trabajo.

Formas de aparición de los poderes indirectos durante el gobierno macrista

Las elecciones de 2007 marcaron el punto de apogeo del discurso macrista. Las dos principales fuerzas que se enfrentaban al macrismo eran el Frente para la Victoria (FpV), aliado a Diálogo por Buenos Aires (DBA) -el cual sustentaba la candidatura de Daniel Filmus- y las coaliciones Más Buenos Aires, Buenos Aires por Más y la Coalición Cívica -que sostenían la candidatura de Jorge Telerman. Dado el predominio del entonces presidente de Boca Juniors en las intenciones de voto, los líderes de las dos alianzas restantes se concentraron en su pelea por el segundo lugar, lo cual derivó -como resultado no intencionado- en una imagen de rencilla política separada que aumentó aún más la imposibilidad de los candidatos de competir contra el macrismo, cuyo discurso procuraba mostrarse totalmente propositivo y nulamente confrontativo[g]. Por otra parte, el vaciamiento aun mayor del discurso macrista (ya sin referencias a medidas usualmente catalogadas como de derecha, tales como la penalización de la figura del cartonero) y la incorporación a la fórmula electoral de Gabriela Michetti –quien mediante su perfil socio-humanista suavizaba la orientación ideológica de derecha a la que hasta ese momento se solía adscribir a Macri– resultaron vitales para la victoria de esta fuerza política pues según Mauro(17)(18) permitieron al macrismo desligar el sentido del significante progresismo a una discursividad de centro-izquierda, para vincularlo a los valores de la gestión y la eficiencia, independientemente del signo ideológico. Puede agregarse que, atendiendo a las prácticas que tuvieron lugar durante la campaña macrista, la misma se planteó en términos de proximidad[h]. Ello, sumado a un malestar antikirchnerista ya detectable en los centros urbanos, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires (y otros factores vinculados al calendario electoral), alentó la conformación de una identificación de gran parte de la ciudadanía con la interpelación macrista, antagonizante –sobre todo hacia el final de la campaña– con el discurso nacional-popular kirchnerista. Este antagonismo con el gobierno nacional –aunque mantieniendo una retórica “no confrontacional” en tanto el origen del conflicto, según la enunciación macrista, estaba en la falta de cooperación de la administración Kirchner– se extiende a lo largo de la gestión macrista hasta la actualidad.

Puede afirmarse que Mauricio Macri inició su mandato como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contando con una sólida legitimidad de establecimiento, en tanto resultó cómodamente vencedor de la primera y segunda vuelta electorales –celebradas el 3 y 24 de junio de 2007 respectivamente. Mientras que la fórmula conformada por Mauricio Macri y Gabriela Michetti se alzó con el triunfo en la primera vuelta electoral con un 45,76% de los votos y un 22% de diferencia con la fórmula que obtuvo el segundo lugar, Daniel Filmus-Carlos Heller; la segunda vuelta electoral tuvo como resultado la obtención de un 60,94% de los votos por parte de la fórmula del PRO y un 39,06% por la fórmula kirchnerista. Notablemente los porcentajes alcanzados se encuentran entre los más altos de la historia electoral de la joven Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consonancia con ello, la valoración pública del jefe de Gobierno gozó, durante los primeros meses de su mandato, de una valoración considerablemente favorable, alcanzando su punto más alto en febrero de 2008 con una imagen positiva del 64,7% (Ricardo Rouvier y Asociados).

No obstante, los sucesos públicos en los que el gobierno macrista se vio involucrado durante el curso de su mandato evidenciaron que su legitimidad electoral no se prolongaba al ejercicio de su gobierno, sino por el contrario: numerosas de sus disposiciones se enfrentaron al rechazo público en su forma de veto, resultó protagonista de diversos escándalos denunciados por la ciudadanía en sus distintas vertientes y fue encomiado judicialmente a corregir sus decisiones. Dichas circunstancias provocaron fluctuaciones en la imagen pública del jefe de Gobierno y su gestión, en tanto afectaron la reputación personal de Mauricio Macri de modo más o menos directo, supusieron giros en las estrategias enunciativas del jefe de Gobierno y su espacio político, ocasionaron en múltiples ocasiones una modificación o retiro de las decisiones de gobierno y conllevaron la remoción y reemplazo de diversos funcionarios públicos que se desempeñaban en áreas de conflicto tales como seguridad, educación y espacio público. Algunos ejemplos de este último punto son los de Jorge “el Fino” Palacios –ex jefe de la Policía Metropolitana (PM)–, Osvaldo Chamorro –sucesor del anterior en la jefatura de la PM–, Mariano Narodowski –ex ministro de Educación porteño–, Abel Posse –quien reemplazó al anterior en el cargo–, y Juan Pablo Piccardo –ex ministro de Espacio Público. Ello revela, entonces, que la escena porteña no se encuentra ajena a las dinámicas que orientan a las democracias actuales sino que visibiliza de modo más intenso que otros distritos las tensiones a la vez irresolubles y constitutivas que contraponen la legitimidad electoral-representativa con las manifestaciones de poder ciudadano de carácter contrademocrático. Como mencionamos anteriormente, las mismas se expresan bajo las formas de control, obstrucción y juicio[i].

En primer lugar, una porción significativa de la ciudadanía porteña –bajo diversos grados de asociatividad e involucramiento– ha adoptado una actitud de permanente control vigilante del comportamiento y decisiones del jefe de Gobierno de la Ciudad, lo cual ha derivado en la irrupción de no pocos escándalos acontecidos durante la gestión macrista. De Blic y Lemieux(19, p. 14-15) definen el escándalo como un “hecho público y contradictorio que obstaculiza la creencia colectiva, y siembra por ello la discusión” [traducción propia]. Ergo, puede ser entendido como una prueba a través de la cual se reevalúa colectivamente el apego a las normas y por lo tanto la noción de lo justo y lo injusto, poseyendo una dimensión instituyente: ello significa que conduce a reposicionamientos y reconfiguraciones de relaciones, dando lugar ora a la reafirmación colectiva de los valores transgredidos, ora a la demostración colectiva de su obsolescencia(20). La significación y magnitud del escándalo depende de la reacción colectiva que éste suscite –es decir, la desaprobación visible por parte de un público cuya amplitud determinará el peso del escándalo–, por lo cual no se encuentra dado a priori ni sus efectos poseen una naturaleza completamente previsible. Por otra parte, autores tales como Boltanski y Thévenot (21, p. 30) sostienen que denunciar un escándalo consiste en revelar públicamente una contradicción entre las exigencias de desingularización y el mantenimiento de lazos singulares: “el denunciante devela lo peculiar bajo lo general, la persona singular bajo el representante o el magistrado, el interés particular escondido bajo la proclamación de una adhesión al interés general que no es más que una fachada, los lazos personales secretos que subtienden a las relaciones dadas como oficiales” [traducción propia]. Es menester destacar que el escándalo no es concebido aquí como una anomalía de la vida social. Por el contrario, según Rosanvallon(10) la denuncia de escándalos es el modo por el cual el pueblo-controlador examina la conducta de las personas y evalúa sus políticas. Consiste en revelar algo que se considera como un problema oculto con el objetivo de que la mera publicidad ejerza un efecto corrector.
Desde nuestra óptica, los escándalos salientes en los que se vio involucrado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el primer mandato de Mauricio Macri han sido los cuestionamientos públicos al accionar de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), las irregularidades en la emisión de votos de legisladores del bloque PRO, el caso de las escuchas telefónicas, las tomas de Parque Indoamericano y el retiro de la custodia de la Policía Federal en los hospitales públicos, entre otros. Procuraremos proveer una sucinta descripción de los mismos que nos permita extraer de ellos sus características más significativas:

a) Cuestionamientos a la Unidad de Control del Espacio Público porteña (UCEP): este organismo fue creado en octubre de 2008 por decreto del Poder Ejecutivo porteño con el objeto de “controlar y ejecutar el retiro de infraestructura y elementos publicitarios instalados en el espacio público no ajustados a la normativa vigente, mejorar el orden y la organización del espacio público (…)” y decomisar y secuestrar “elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente (…) o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público” (Decreto 1232/08). No obstante, un sector considerable de la opinión pública local argumentaba que ciertos operativos y desalojos de la UCEP no se encontraban exentos de abusos, es decir, no se enmarcaban en el respeto a los derechos constitucionales de la ciudadanía. Dicho rechazo conllevó a diversas denuncias contra el jefe de Gobierno de la Ciudad y los integrantes de la UCEP impulsadas por la Defensoria del Pueblo, legisladores opositores, periodistas, vecinos y personas sin techo. La suma de causas penales y la sospecha pública depositada sobre el organismo finalmente derivaron en su disolución en noviembre de 2009, el traspaso de su área de trabajo al Ministerio de Desarrollo Social y la posterior renuncia del ministro de Ambiente y Espacio Público –en cuya órbita recaían previamente las actividades de la UCEP. Asimismo, si bien el propio Macri fue sobreseído por las 17 denuncias vertidas en su contra, dicha resolución judicial fue anulada por la Sala I de la Cámara del Crimen porteña. Este episodio combina entonces la denuncia pública de una política gubernamental que atenta contra valores considerados colectivamente justos con una figuración del pueblo-juez, quien espera del proceso judicial aquellos resultados que no se desprenden de la elección.

b) Irregularidades en la emisión de votos de legisladores del bloque PRO: En diciembre de 2008 se difundió públicamente una escena del recinto de la Legislatura porteña en la que se observaba a los legisladores del bloque PRO Silvia Majdalani y Oscar Moscariello presionando los botones del voto electrónico de dos compañeros de bloque, Cristian Ritondo y Daniel Amoroso, que no se encontraban sentados en sus bancas. Dicho episodio derivó en la apertura de una causa judicial contra los cuatro legisladores involucrados, quienes fueron finalmente sobreseídos cinco meses después por la Justicia Nacional en lo Correccional, la cual sostuvo que la conducta de los legisladores en cuestión podría considerarse como inusual e indeseable, mas no delictiva. Dicho fallo coincidía con la estrategia discursiva del jefe de Gobierno de la Ciudad y el resto de los enunciadores pertenecientes a su espacio político, quienes procuraban –y lograron en gran medida- reducir la magnitud del escándalo, distinguiendo la conducta inapropiada de los legisladores de un hecho de corrupción que merecería ser objeto de un malestar ciudadano mayor[j].

c) Caso de las escuchas telefónicas: Todo escándalo se inicia, acorde a De Blic y Lemieux(19) a partir de un acto público de señalamiento de una contradicción: el denominado macrigate tuvo su puntapié inicial en la denuncia judicial y pública anunciada en octubre de 2009 por Sergio Burstein (familiar de una víctima del atentado a la AMIA), quien se declaró objeto de escuchas telefónicas. Los resultados de la investigación judicial –ampliamente difundidos por los medios– redundaron en un dramático efecto de develamiento de algo previamente oculto(22): una aparente estructura de espionaje paraestatal que habría utilizado recursos gubernamentales para desarrollar sus actividades, las cuales no solamente habrían involucrado escuchas telefónicas a Burstein sino también escuchas e investigaciones a legisladores opositores al gobierno de la Ciudad, el empresario Carlos Ávila, el mismo jefe de Gabinete del Gobierno porteño –Horacio Rodríguez Larreta– y los estudiantes que tomaron colegios durante mayo de 2008 contra el recorte de becas estudiantiles, entre otros afectados. Según el juez Oyarbide –a quien se asignó la causa– dicha red se habría encontrado compuesta por Jorge “el Fino” Palacios (jefe de la Policía Metropolitana al momento de la denuncia), Ciro James (un abogado de la PFA que trabajaba formalmente en el Ministerio de Educación porteño pero de hecho habría oficiado como mano derecha de Palacios realizando intervenciones telefónicas), los jueces misioneros José Luis Rey y Horacio Gallardo, Osvaldo Chamorro (quien sucedió a Palacios en la jefatura de la PM), el ex ministro de Educación Mariano Narodowski y por último, el propio Mauricio Macri. Finalmente se encarceló y luego liberó a los cuatro primeros (entre éstos se destituyó a los dos jueces, resultando Rey excarcelado y falleciendo Gallardo posteriormente), mientras que los tres últimos quedaron procesados[k]. Mientras tanto, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro fue sobreseído.

Este episodio puede ser abordado desde varias aristas: en primer lugar, derivó en un escándalo público de magnitud en el cual abundaron los reclamos por parte de la oposición y diversas organizaciones de la sociedad civil orientados a que Macri pidiese licencia en su cargo o fuese políticamente enjuiciado. No obstante, las declaraciones del asesor de Macri, Jaime Durán Barba, se orientaban en sentido contrario, pues según el publicista la imagen del mandatario porteño mejoró a partir del caso, ya que “el tema de las escuchas a la gente no le importa nada. La gente no es boba, sabe que es un tema de políticos” (Sección Política, 25/07/10). De hecho, a pesar de que la ciudadanía no conocía detalladamente los efectos jurídico-institucionales del caso[l], ésta se instaló en la sospecha –de la cual tampoco se encontraba a salvo el Gobierno nacional–: los sondeos de opinión exhibían una tendencia ciudadana a inclinarse por la culpabilidad del jefe de Gobierno de la Ciudad[m] y a admitir la posibilidad de que el pedido de juicio político impulsado por el macrismo fuese una mera maniobra estratégica –no orientada a la búsqueda de “la verdad”, tal como la enunciaban los referentes de este espacio. Asimismo, la mayoría de los sondeos de opinión pública registraron una fuerte erosión de la imagen de Mauricio Macri coincidente con los momentos más álgidos del escándalo[n]. En segundo lugar, la actuación de la Justicia gozó de un lugar destacado en dicho período, como modo de llegar a una determinación conclusiva sobre un caso fuertemente sospechado por la ciudadanía y hacer primar la realización de la generalidad social y los valores de transparencia por sobre la singularidad y el secreto[o]. En tercer lugar, el escándalo público y la judicialización –como expresión de los poderes indirectos contrademocráticos– supusieron a la vez efectos en los posicionamientos al interior de las instituciones de la democracia electoral-representativa, a cuyos mecanismos se les dio diversos usos: mientras la oposición logró crear una comisión investigadora que a lo largo de los meses vio su trabajo ralentizado por la escasez de testigos –ante lo cual también intervino la Justicia– y resultó progresivamente invisibilizada, el macrismo aparentó impulsar el juicio político de su propio líder –sobre carriles separados del proceso judicial. Observamos que esta acción respondía a la necesidad de cerrar el debate público sobre la cuestión a fin de frenar la erosión de la legitimidad del jefe de Gobierno. Promoviendo un impeachment contra sí mismo que determinase responsabilidades en la cuestión, Mauricio Macri procuraba instalar una presunción de inocencia en el espacio mediático, sin verse obligado luego a afrontar una instancia efectiva de juicio político dado que contaba con los recursos necesarios en la Legislatura de la Ciudad para evitar su materialización. Por último, se impone reiterar que las acusaciones circulaban en una doble dirección: el Gobierno porteño sostenía firmemente que el Gobierno nacional propulsaba el caso desde las sombras y otorgaba un carácter dudoso a una serie de coincidencias tales como la designación del juez Oyarbide a cargo de la causa, los vínculos de Ciro James con la PFA y el facilitamiento de la denuncia de Burstein por parte de agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según el macrismo, la animosidad del gobierno nacional correspondía a un intento de boicot a la conformación e imagen de la Policía Metropolitana y, en general a una intención de minar la reputación del gobierno de la Ciudad, a la cual se plegaron también las fuerzas opositoras locales. De igual modo, las acusaciones también revirtieron directamente sobre la figura del acusador, dado que diversos enunciadores del espacio macrista cuestionaron la intencionalidad de Sergio Burstein, quien incluso fue increpado personalmente sobre el origen de sus medios de subsistencia.

d) Tomas de Parque Indoamericano: En diciembre de 2010 un numeroso grupo de personas -muchas de ellas inmigrantes de países limítrofes- tomó el Parque Indoamericano ubicado en Villa Soldati, reclamando un plan de viviendas y obras públicas. Dicha toma desencadenó episodios de violencia y enfrentamientos con la Policía Metropolitana que dejaron un saldo de tres muertos. Dicha situación suscitó un debate mediático no solo en torno a las responsabilidades que le competían a los gobiernos nacional y porteño –en tanto la intervención de la Policía Federal se dio luego de que la Policía Metropolitana actuase infructuosamente– sino también en torno a los modos de protesta, la tolerancia a los mismos y los derechos de los inmigrantes. De hecho, según encuestas[p] la opinión ciudadana en su vertiente más pasiva expresaba reacciones divididas en torno a la cuestión, lo cual destaca uno de los efectos del escándalo: la reconsideración de las normas y valores colectivamente aceptados. Es necesario destacar que las tomas de Parque Indoamericano ofrecieron un nuevo escenario a la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el de Mauricio Macri, los cuales se acusaban mutuamente de una inacción deliberada: mientras el Gobierno nacional responsabilizaba al porteño por la situación anárquica del predio, este último argumentaba, en primer lugar, que el Gobierno nacional habría intervenido mediante sus punteros para agravar la situación y en segundo lugar, que solo las fuerzas policiales nacionales tenían la capacidad para intervenir represivamente y poner un fin a la cuestión. Finalmente, la Justicia archivó la causa penal iniciada por el Ministerio Público Fiscal contra seis personas vinculadas a la toma del predio, dado que dicho accionar no fue considerado delito[q].

e) Retiro de la custodia de la Policía Federal en los hospitales públicos: La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, eliminó la custodia de la Policía Federal de los hospitales públicos porteños en abril de 2011, dejando al personal médico y pacientes sin protección, lo cual redundó en diversas manifestaciones y paros de los trabajadores de la salud. Mientras el Gobierno porteño no se manifestó advertido, su par nacional afirmó lo contrario. Finalmente el Gobierno de la Ciudad cubrió estos puntos con personal de seguridad privada y posteriormente con agentes de la Policía Metropolitana, al mismo tiempo que denunció a la ministra Garré y al jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevilla, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de la Ley Cafiero.

Según Rosanvallon(10) las acciones de denuncia tienen funciones de agenda –ya que permiten dar forma al debate político–, generan un efecto instituyente –pues contribuyen a reafirmar y profundizar las normas colectivas– y por último suponen una función moral y política ligada a la transparencia en la conducta de los políticos –dado el contexto de desideologización e individualización en el que se desarrollan las democracias actuales. Estos tres rasgos se observan en los escándalos en los que resultó inmerso el gobierno de Macri, algunos de los cuales prácticamente monopolizaron la agenda local por un extenso período de tiempo y aún reaparecen en ella –tal es el caso de las denuncias por escuchas ilegales. Por otra parte, estos episodios entrañaron una reafirmación más o menos explícita de valores comunes vinculados a la cristalinidad de la acción gubernamental, la apreciación de los derechos humanos tanto hacia el pasado –rechazando el accionar de la última dictadura militar- como durante el presente –defendiendo derechos sociales vinculados a la vivienda y derechos civiles relativos a la seguridad y la protección de la intimidad–, el mantenimiento de una pauta de conducta respetuosa de las reglas institucionales y la probidad de los representantes. En cuanto a este último punto es posible sostener que muchos de estos escándalos hicieron epicentro en la figura de Macri, pero otros afectaron a varios de los funcionarios de su gobierno, parte de los cuales ha sido condenada pública y/o judicialmente afectando metonímicamente al propio Mauricio Macri. Estos episodios significaron la puesta en juego de la reputación personal del jefe de Gobierno porteño, entendida como capital simbólico que alimenta su popularidad y organiza la confianza hacia su figura de modo permanente, es decir, más allá de la intermitencia de las expresiones electorales.

Es necesario agregar que varios de los episodios a los que aludimos en el presente trabajo se acercan al tipo ideal del affaire construido por Claverie (23) (24) (25), quien lo concibe como una clase de escándalo en la cual las acusaciones circulan en ambos sentidos, es decir, se revierten también en dirección del acusador. Podemos identificar esta dinámica en los escándalos donde el enfrentamiento entre los gobiernos nacional y local –quienes procuraban minar mutuamente su reputación– marcaron la agenda mediática: el caso de las escuchas telefónicas, las tomas de Parque Indoamericano y el retiro de la custodia de la Policía Federal en los hospitales públicos, son algunos de ellos.

Consideramos pertinente resaltar que la fuerte presencia de y acceso a los medios de comunicación que tiene lugar en el distrito hace del mismo un escenario particularmente propicio a la vigilancia ciudadana por parte de los “votantes flotantes”. Éstos son caracterizados por Manin(2) como los nuevos protagonistas de la discusión pública, con un nivel considerable de información, instrucción e interés en política, que actúan en el nuevo foro de discusión constituido por los medios de comunicación. En este sentido, Rosanvallon(10) indica que los medios constituyen la forma rutinaria y funcional de una democracia de control, mientras que las organizaciones militantes de la sociedad civil conforman el polo activista de la misma, presentándose, entonces, una complementariedad entre ambas caras. De hecho, la obstrucción –entendida principalmente como veto– y el control –que aquí detectamos primariamente en la denuncia de escándalos– que forman parte de las actividades contrademocráticas que organizan la dinámica ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires se articulan a su vez con la intensidad de la presencia mediática en dicho distrito. Esto facilita en términos comparativos la circulación y publicidad de la información y, en consecuencia, tanto las posibilidades de agregación negativa como de ampliación de un público vigilante. De hecho, autores tales como Thompson (22) (26) (27) postulan la figura del escándalo mediático o mediatizado, el cual se define por el tipo de transgresión –a la cual se agregan transgresiones de segundo orden que nacen en el transcurso mismo del escándalo (como la voluntad de acallarlo, la corrupción de magistrados)–, el tipo de público (no necesariamente presente de modo físico), el modo de develamiento –el cual tiene lugar a través de formas mediatizadas de comunicación– y el modo de desaprobación.

En segundo lugar, el período correspondiente a la administración macrista también se caracterizó por constituir “una enmarañada serie de vetos sucesivos”(10). Dicho poder de veto provino, entonces, de la ciudadanía en su faceta pasiva de opinión pública y en su cara más asociativa de organizaciones sociales, así como también diversas fuerzas políticas y expertos condujeron por su parte acciones de obstrucción. Esta modalidad de intervención conlleva el ejercicio de una soberanía social negativa por la cual la voluntad ciudadana se realiza de modo más completo que mediante una acción propositiva. Algunos ejemplos de esta manifestación del poder ciudadano son la desaprobación de la designación de diversos funcionarios públicos, tales como Jorge “el Fino” Palacios como jefe de la Policía Metropolitana, Abel Posse como ministro de Educación de la Ciudad y Daniela Ugolini como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; y el rechazo a medidas tales como la creación de un registro de empleadores que requería información sobre adicciones del personal y la adquisición de armas Taser por parte de la Policía Metropolitana. Dichos episodios se exponen brevemente a continuación:

a) Designación de Jorge “el Fino” Palacios como jefe de la Policia Metropolitana: Dicho nombramiento, acontecido en julio de 2009, fue objeto de un rechazo inmediato por parte de Madres de Plaza de Mayo y organizaciones de derechos humanos que nuclean a familiares de las victimas del atentado a la AMIA, entre otras agrupaciones. Las razones de dicha impugnación residían en que, por una parte, Palacios había sido dado de baja en la PFA debido a sus vínculos con imputados en el secuestro de Axel Blumberg, y por otra, habían recaído sobre él acusaciones de encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA de 1994 y por su presunta responsabilidad en la sangrienta represión policial de diciembre de 2001. De hecho, es pertinente señalar que el acto de conmemoración de los 15 años del atentado a la AMIA proporcionó un lugar público para la escenificación de los reclamos por la remoción de Palacios. Un mes después, la voluntad negativa de veto aparentó satisfacerse con la renuncia del jefe de la Policía Metropolitana propiciada por las fuertes presiones públicas, mas su reemplazo por otro oficial de dudosa reputación, Osvaldo Chamorro, demoró la resolución de la situación, la cual finalmente tuvo lugar con su renuncia –acontecida unas semanas después de su nombramiento y debida al procesamiento que compartía con Palacios– y su reemplazo por Eugenio Burzaco, un civil que gozaba del consenso de la mayor parte del arco político local y nacional.

b) Creación de un registro de empleadores que requería información sobre adicciones del personal: La Subsecretaría de Trabajo del Gobierno porteño creó en julio de 2009 un registro online de empleadores que demandaba datos sobre tabaquismo, alcoholismo, drogodependencia, ludopatía y otros tipos de adicciones que afectasen al personal. Dicha medida cosechó inmediatas y copiosas críticas por parte de la oposición y juristas, quienes la consideraban discriminatoria y opuesta al derecho a la intimidad. A la brevedad tuvo lugar la anulación de ese requisito en el nuevo registro de empleadores, es decir que la denuncia pública de la cuestión tuvo rápidos efectos por los cuales se dio un retroceso en la medida y también se generó un efímero debate sobre el proceso de toma de decisiones en el Gobierno de la Ciudad, en el cual su más alta autoridad ejecutiva firmaría disposiciones desconociendo su contenido o bien avalando una norma discriminatoria. En cualquiera de los dos casos, se encontraba en juego la reputación de Mauricio Macri como dirigente probo, conocedor y eficiente.

c) Designación de Abel Posse como ministro de Educación porteño: Dicho nombramiento tuvo lugar en diciembre de 2009, luego de que el ministro anterior, Mariano Narodowski, renunciase a partir de su imputación en la causa de las escuchas telefónicas. En un contexto de alta conflictividad signado por paros docentes y problemas salariales que tenía por consecuencia una escasez de candidatos dispuestos a ocupar la cartera educativa, se decidió designar a Abel Posse al frente de la misma. Dicha decisión fue inmediatamente impugnada por los gremios docentes porteños y diversas organizaciones de derechos humanos, no solo debido a su presunta carencia de conocimientos específicos sobre el área educativa sino principalmente por sus posicionamientos ideológicos, vistos como favorables a la última dictadura militar y a políticas duras de seguridad. Como consecuencia de esta rotunda reacción, Posse renunció tan solo 12 días después de su nombramiento.

d) Adquisición de armas Taser por parte de la Policía Metropolitana: En enero de 2010 el gobierno de la Ciudad aprobó la compra por contratación directa de pistolas de descargas eléctricas Taser, entre otros armamentos, lo cual generó una fuerte polémica en las oposiciones porteñas. Estas últimas recurrieron a informes de Naciones Unidas para advertir sobre su posible utilización como instrumento de tortura. En consecuencia. dicha medida aunó el rechazo del kirchnerismo, los partidarios de Proyecto Sur, la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudadanos particulares y organizaciones no gubernamentales (tales como el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad-ODHC) que presentaron recursos judiciales de amparo. Éstos fueron aceptados por la justicia porteña, cuya magistrada Andrea Danas prohibió la utilización de las armas en cuestión por la Policía Metropolitana. Su fallo fue apelado por el Gobierno de la Ciudad ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, la cual finalmente reconfirmó la prohibición de las Taser en noviembre de 2010.

e) Postulación de Daniela Ugolini como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad: En el mes de mayo de 2010 el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires propuso a Daniela Ugolini como candidata a ocupar un cargo vacante en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, desencadenando un fuerte rechazo por parte de la oposición y diversos juristas, quienes argumentaban que la letrada no sería totalmente imparcial, pues habría emitido numerosos fallos a favor del PRO durante su paso por la fiscalía de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Finalmente, la candidata renunció a su postulación en septiembre de ese mismo año. Hemos considerado pertinente incluir esta disputa en nuestra exposición en tanto nos permite ejemplificar una contradicción pública que no redundó en un escándalo de magnitud, precisamente porque resultó relativizada y su escasa difusión en los medios de comunicación dificultó la expansión del público desaprobador que requiere la conversión de una situación problemática en un escándalo de relevancia.

Vale destacar que todos estos casos implicaron un retiro de medidas por parte del Gobierno de la Ciudad expresado tanto en el reemplazo de sus funcionarios como en la modificación o el retraimiento de sus decisiones. De hecho, uno de los elementos que componen el discurso macrista consiste en construirse como un grupo de gestores que en la intensidad de sus actividades pueden cometer errores y en tal caso, se encuentran dispuestos a corregirlos, puesto que se encuentran emplazados de modo permanente en una posición de escucha. Ello permite al macrismo enmarcar estos desplazamientos en la reivindicación de la legitimidad de proximidad que, como ya mencionamos anteriormente, permea las apelaciones de este espacio político en un sentido más general. A la vez, el macrismo puede establecer de este modo una diferenciación con el gobierno nacional en tanto contradestinatario discursivo, representado así como una administración que hace oídos sordos al rechazo público que sus decisiones puedan originar.

Por último, es necesario detenernos en una distinción que nos permite ir más allá del mero tono negativo de las manifestaciones de rechazo ciudadano. No todas estas expresiones suponen un mero veto con resultados negativos, ya que algunas de ellas redundan o se orientan a efectos positivos, en relación a los cuales el veto negativo funciona de modo instrumental. De hecho, consideramos que es éste el caso del rechazo a la posición finalmente adoptada por el jefe de Gobierno de la Ciudad en torno al matrimonio igualitario[r]. En noviembre de 2009 Mauricio Macri decidió no apelar un fallo de la jueza porteña Gabriela Seijas que legalizaba dicha institución declarando la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil, a raíz de una acción de amparo presentada por una pareja homosexual. Posteriormente, la Justicia nacional y la Cámara Civil declararon nulo el fallo de la jueza porteña, por lo cual el Gobierno porteño retrocedió, decidiendo acatar este último fallo –según el discurso periodístico, luego de recibir presiones por parte de la Iglesia Católica. Ello redundó en un fuerte rechazo en torno a esta política[s] por parte de legisladores, organizaciones civiles y particularmente la comunidad homosexual: la cara más activa y visible de esta denuncia fue la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT), quienes rechazaron la posición adoptada por el Gobierno de la Ciudad desarrollando una estrategia de escandalización[t], entendida como una acción orientada a enunciar la existencia de un escándalo, tomando la palabra de indignación en nombre de la causa defendida, describiendo, mostrando, fotografiando y televisando la situación(28). En este caso, tuvieron amplia repercusión las imágenes de manifestaciones ante los registros civiles, las declaraciones de parejas homosexuales ante las cámaras televisivas, las intervenciones de Marta Raschid –líder de LGBT en ese entonces– criticando la posición del jefe de Gobierno de la Ciudad, y los casamientos celebrados en un gris de legalidad –lo cual no equivale a un gris de legitimidad–, entre otras escenas. Es crucial destacar además que estos grupos más o menos organizados se arrogaban un tipo de legitimidad sustancial distinta de aquella procedimental, consistente en la representación de la situación de las personas excluidas y los grupos minoritarios. Ello también se vincula con la idea que arroja Rosanvallon(1), quien indica que actualmente es pertinente entender al pueblo como plural de minoría, en tanto esta última ya no remite a un grupo opresor sino a un grupo oprimido. A modo de conclusión, es posible afirmar que el veto negativo a la omisión activa de Mauricio Macri abrió una puesta en escena estratégica que permitió alcanzar un efecto positivo largamente esperado por amplios sectores de la sociedad: la aprobación del matrimonio igualitario, la cual fue capitalizada y divulgada como un logro del espacio kirchnerista en contraposición a la derecha católico-conservadora, donde el oficialismo nacional incluyó a la figura del jefe de Gobierno de la Ciudad.

En tercer lugar, es necesario mencionar que la puesta a prueba mediante el juicio como modalidad del poder ciudadano es entendida por Rosanvallon(10) como el examen de una conducta o acción que radicaliza la idea de control prolongando el ejercicio de la sospecha, ya que se considera necesario arribar a una decisión conclusiva. La expresión más palpable de esta modalidad ciudadana es la de la judicialización de lo político, fogoneada por la declinación de la reactividad de los gobiernos frente a las demandas ciudadanas. La puesta a prueba de los gobernantes por el juicio entonces excede la persona del juez como figura crecientemente relevante en las democracias contemporáneas, ya que el juicio consiste en una “forma de acción pública, una modalidad de expresión del interés general sobre un caso particular”(10, p. 226). Sobre este punto deseamos mencionar que es posible observar rasgos de este modo de intervención ciudadana en los episodios anteriormente categorizados como veto o escándalo, con lo cual no aislaremos un caso “puro” para su análisis sino que destacaremos la frecuente utilización de recursos judiciales por parte de diversos actores, ya sean ciudadanos particulares (mediante la presentación de denuncias y amparos), organizaciones no gubernamentales de distinto tipo o los mismos representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. De hecho, Lucas Martin (29, p. 371) detecta un “giro judicial” en la política argentina consistente en un “doble movimiento motorizado de manera asimétrica por los dirigentes políticos y por los ciudadanos en el espacio público”, ya que “por un lado la ciudadanía aparece ejerciendo a través del sistema judicial una exigencia sobre las instancias de gobierno y representación que, sostenida en su reverberación pública, parece impulsar una ampliación del sentido del derecho y del poder de lo jurídico” y “por otro lado los representantes parecen recurrir cada vez más a la escena jurídica viendo allí un recurso eficaz y a la vez legítimo ante la opinión pública”.

La intervención de la Justicia ha poseído un carácter corriente en la escena política de la Ciudad de Buenos Aires, sea durante el curso del mandato del jefe de Gobierno o en las especiales circunstancias que abren las campañas electorales. Mientras que es posible detectar fácilmente ejemplos de lo primero en las situaciones de control y obstrucción que describimos anteriormente, haremos algunas observaciones respecto de lo segundo. Los argumentos y denuncias judiciales suelen ser utilizados durante las campañas electorales como modo de frustrar, amenazar o deslegitimar diversas candidaturas. Ejemplo de ello son las impugnaciones de candidaturas por incompatibilidades legales –tal como ocurrió con la del propio Macri en 2011 en virtud de su procesamiento por el caso de las escuchas ilegales– y las denuncias tanto por utilización de recursos gubernamentales para la realización de publicidad electoral como por la presunta realización de maniobras de “campaña sucia” –también presentes en las campañas porteñas de 2009 y 2011. No obstante, la judicialización de las campañas no se reduce a acciones legales relativas a la normativa electoral vigente, sino que también se visibiliza en otros procesos y causas judiciales que se escenifican en períodos electorales –ello se ilustra tanto en el llamado a declaratoria a Macri por la causa vinculada al accionar de la UCEP como en el allanamiento de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social (en ese entonces encabezado por quien se postulaba a la vicejefatura de Gobierno, María Eugenia Vidal), ocurriendo ambos episodios a poco tiempo de los comicios de 2011.

Continuidades y rupturas de legitimidades

Como se desprende de lo hasta ahora expuesto, es posible determinar rupturas en las manifestaciones electoral y contrademocrática del poder ciudadano en el distrito porteño, dado que los sucesivos vetos y denuncias descriptos suponen un cuestionamiento de las decisiones de un representante electo, el jefe de Gobierno, contraponiendo a las mismas otro tipo de legitimidad. Por el contrario, también existen continuidades que conectan estas expresiones contrademocráticas con los momentos e instituciones propios de la democracia electoral. Estas continuidades se rastrean en períodos electorales, pues es en las campañas donde se aprecia la operatividad patente de la negatividad política y las estrategias discursivas de los diversos candidatos se ajustan a las pautas ciudadanas reflejadas en los sondeos de opinión pública, explotando a su vez las divisiones políticas muchas veces basadas en el descontento ciudadano y en eventos acontecidos en períodos no electorales. En este sentido, sostenemos que la campaña electoral de 2009 se caracterizó por la profunda negatividad política dirigida contra el gobierno nacional (luego de la crítica situación transcurrida en 2008, cuando tuvo lugar un veto masivo a la resolución 125 adoptada por el Poder Ejecutivo, lo cual generó un conflicto social de magnitud) la cual fue canalizada en Fernando “Pino” Solanas –con su actitud de denuncia ciudadana y atractivo mediático–, mientras que el macrismo no se definió por adoptar una posición de oficialismo local o de oposición nacional. Debe tenerse en consideración también que la campaña electoral de 2009 albergó también escándalos fogoneados como estrategia de desacreditación de candidatos, ya sea enunciados por los medios de comunicación de masas (tal como el ya referido “episodio Telenoche” protagonizado por Aníbal Ibarra), adversarios en la contienda electoral (tal como el reflote impulsado por Aníbal Ibarra de los videos correspondientes al escándalo de las irregularidades procedimentales en la votación del bloque legislativo PRO, al que aludimos anteriormente en este trabajo) u oportunos denunciantes anónimos (tal como la difusión del fragmento de un video donde se mostraba a un inadvertido Mauricio Macri expresando sus opiniones sobre los gastos de campaña de su entonces aliado en la provincia de Buenos Aires, Francisco De Narváez, y aludiendo risueñamente a las acusaciones vertidas por Pino Solanas en torno a la problemática de la prostitución en la Ciudad). Por otra parte, al igual que en 2009 la campaña electoral de 2011 no se encontró exenta de estrategias de escandalización, tal como aquella centrada en un spot publicitario cuya historia habría sido falseada y cuyo protagonista habría intentado suicidarse, acorde a la denuncia de la oposición (Página 12, 2/6/2011). Como mencionamos anteriormente, ambas campañas también constituyeron la superficie de (re)emergencia de diversos episodios de judicialización no sólo referidos al incumplimiento de legislación electoral sino también vinculados a causas abiertas a lo largo de los primeros cuatro años de administración macrista.

Asimismo, la intervención ciudadana contrademocrática tiene también un impacto institucional en el funcionamiento y realineamientos en el seno del Poder Legislativo local. Estos efectos se observan en los temas tratados, la importancia atribuida a los mismos, la aprobación de leyes bajo la presión de grupos ciudadanos e incluso posibles mutaciones en la composición de los bloques. Por lo general, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no suele poseer una visibilidad apreciable debido a que los ciudadanos del distrito se encuentran expuestos mayoritariamente a medios de comunicación de carácter nacional, que suelen otorgar mayor publicidad a las situaciones que involucran a quien encabeza el Poder Ejecutivo local. Aún así, en momentos destacados (sea por su significación institucional o por el contexto en el cual tienen lugar) tales como aperturas de sesiones, presentación de informes por parte del jefe de Gabinete y ministros y conformación de comisiones investigadoras, entre otros, la Legislatura puede convertirse en un locus donde se escenifiquen cuestiones que tengan repercusión mediática, lo cual también influye en las acciones de los representantes que la integran: una ilustración de ello es la centralidad que adquirió el cuerpo en los momentos más críticos del caso de escuchas telefónicas. A su vez, es destacable la presencia de los sectores más organizados de la ciudadanía –más o menos pacíficamente ya sea en el interior del edificio de la Legislatura o en las calles– cuya presión es en ocasiones ponderada a la hora de elaborar y votar proyectos de ley, tal como suele suceder en la aprobación del presupuesto anual, por ejemplo.

Palabras finales

El presente trabajo procuró abordar las tensiones existentes entre la legitimidad electoral que consagró a Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad y las reacciones ciudadanas suscitadas por sus decisiones de gobierno. A tal efecto, hemos desarrollado suscintamente los aspectos más salientes de las transformaciones operadas en las democracias contemporáneas, entre las cuales es posible apreciar la creciente importancia de los poderes indirectos o contrademocráticos que suponen una intervención ciudadana –tanto activa como pasiva- bajo las modalidades del control, la obstrucción y el juicio. Luego de dar cuenta de las especificidades que esta intervención adopta en el distrito porteño, hemos consignado los episodios específicos en los que se visibilizó durante el primer mandato de Mauricio Macri, transcurrido entre 2007 y 2011. Por último, hemos procurado abordar el modo en que estos episodios suponen no sólo rupturas, sino también continuidades con los mecanismos e instituciones de su contracara, la democracia electoral-representativa.

Según Rosanvallon(1), en el momento de la campaña electoral se genera una efímera identificación con un candidato que contribuye al sentimiento político de estar produciendo algo en común con otros, es decir, un tipo de pertenencia diferencial: la ciudadana. No obstante, cuando se da el pasaje de la elección a la acción gubernamental se revela que aquello que caracteriza la situación relativa entre gobernados y gobernantes es la distancia, la cual debe moldearse de forma tal que permita remediar las deficiencias de la democracia electoral-mayoritaria. Mientras esta última es intermitente y se basa sobre el principio incompleto de la mayoría, una legitimidad de horizonte sustancial supone la instauración de formas democráticas permanentes y la imposición de exigencias más fuertes e inclusivas en torno al interés general: a ello contribuyen las nuevas generalidades sociales y las actividades contrademocráticas.

Notas

[a] El presente artículo constituye una versión modificada del trabajo presentado por la autora al X Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Católica de Córdoba (Ciudad de Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011). Agradecemos a los comentaristas y asistentes al panel de dicho congreso por las fructíferas observaciones realizadas a la versión previa del texto. Volver al texto

[b] A pesar de esta desacralización, los sondeos de opinión pública arrojan resultados que indican que al menos en su aspecto procedimental la democracia es ampliamente aceptada: un 66% de los argentinos considera que es “preferible a cualquier otra forma de gobierno” siendo dicha cifra dos puntos porcentuales superior a la recabada un año antes. A su vez, un 83% considera que “si bien la democracia puede tener problemas, es el mejor sistema de gobierno”(9). Volver al texto

1. Rosanvallon, P. La legitimidad democrática: imparcialidad, reflexividad, proximidad. Buenos Aires: Manantial, 2009. Volver al texto

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