Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales
ISSN 1669-1555

Volumen 10, nº 1 (2012)

Doctor en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoamericana (México).
eperez@cmq.edu.mx y eperarc@hotmail.com

En este trabajo se presentan los resultados de una investigación realizada en la ciudad de Toluca, México, con actores transgénero que se dedican al trabajo sexual. El estudio tuvo un enfoque cualitativo; por medio de entrevistas a profundidad y observación participante se pretendía describir las condiciones de violencia que viven estos actores para ser analizadas desde la óptica de las políticas públicas. La discusión está guiada por tres posturas que podemos encontrar en torno a las políticas públicas en materia de prostitución: el discurso prohibicionista, el abolicionista y el reglamentarista y laboralista. Se identificaron actos violentos hacia las trabajadoras provenientes de las autoridades y la sociedad, no así de los clientes. Las condiciones que operan en el ámbito del trabajo sexual hacen que la opción más adecuada, mas no la más aceptada, sea la que reglamenta el comercio sexual y lo eleva al nivel de trabajo formal.

This paper presents the results of research conducted in Toluca city, on transgender actors engaged in sex work. The study took a qualitative approach, through in-depth interviews and participant observation was intended to describe the conditions of violence experienced by these actors to be analyzed from the standpoint of public policy. The discussion is guided by three positions around public policy regarding prostitution: the discourse prohibitionist, abolitionist, regulatory and labor. Directed violence was found to workers from the authorities and society, not from customers. Operating conditions in the field of sex work make the right choice, but not the most accepted, is regulating the sex trade and raises the level of formal employment.

Key words

La ciudad de Toluca, en el Estado de México, y los municipios aledaños como Metepec, San Mateo Atenco y Zinacantepec, han visto un incremento sustancial del comercio sexual en los últimos años, principalmente en cuanto al número de negocios que ofrecen espectáculos de table dance; no obstante, también han tenido un crecimiento considerable los servicios sexuales en salas de masaje, casas de citas y prostitución en la calle. Eso hace que se dirija la atención hacia un problema que conlleva el trabajo sexual en todos los lugares en que opera, pero que no siempre se quiere reconocer, esto es la violencia que se ejerce contra las y los que desempeñan este oficio.

La violencia que opera en el terreno del trabajo sexual tiene su propia esencia, porque ocurre de manera indistinta hacia mujeres, hombres y hombres transgénero; también porque ocurre en el contexto de un marco legal poco claro que posibilita que las autoridades se guíen por la moralidad y no por una norma jurídica, con lo que se condena al que ofrece el servicio mas no al que lo solicita; y por otra parte, porque el agresor tiene más posibilidades de actuar impunemente.

La prostitución puede ser entendida inherentemente como un acto de violencia. De acuerdo con Diez(6) el trabajo sexual es un ejercicio de poder y sumisión sobre la mujer, o en el caso que nos atañe contra el hombre transgénero que representa a la mujer, con la que no deben tener ninguna consideración porque la pagan y debe estar a su servicio, convirtiéndola en un objeto de su consumo. Muchos hombres lo que buscan en realidad es una experiencia de total dominio y control.

Pero esta violencia tiene apellido y puede denominarse género, la definición de la ONU de este tipo de violencia(1) dicta que es todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico que afecte a la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción, o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Si analizamos la definición veremos que las burlas, el desprecio y la forma agresiva de copular son una práctica en el ámbito privado del cliente con un actor que en realidad no se conoce pero se busca, regularmente, desde la clandestinidad por el estigma social que existe hacia quien ejerce la prostitución.

En la estructura de una organización social, la violencia contra las mujeres se racionaliza y motiva siempre la subordinación (1). La trabajadora del sexo no tiene voz porque para muchos no tiene ese derecho, tan sólo por su oficio, por lo tanto se le obliga a someterse a los deseos del cliente y perpetuar el estado sumiso de las mujeres.

La prostitución femenina es una práctica cultural vinculada a la dominación masculina, al género como construcción social de la diferencia sexual. En el mercado laboral del sexo comercial, los elementos morales y la estigmatización social, hacen que la mayoría de las mujeres conciban la actividad como esencialmente transitoria en sus vidas. De este modo, logran evitar en parte el problema moral de la identificación con el rol, sin embargo, al encontrarse en los márgenes de la legalidad y construir el contraespejo de la imagen social de la “buena mujer”, la mujer se llena de ambigüedad y tensión psicológica(2), y pueden llegar a asumir la violencia como algo ineludible en su trabajo: cómo pedir que las defiendan si los propios policías las violentan o cómo denunciar la agresión si eso las hace salir del anonimato, mejor se asume como un problema transitorio y se generan estrategias de prevención.

Metodología

La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, que utilizó como técnicas de recopilación de información las entrevistas a profundidad y la observación participante. Se estudiaron trabajadoras sexuales que laboran desde hace ya varios años en la zona centro de la ciudad de Toluca, este grupo ofrece sus servicios en la calle y tiene como característica especial que todas son trabajadoras transgénero[a]. La entrevista aplicada siguió un formato semidirigido, de manera que en algunos casos se tuvieron que omitir o agregar preguntas para corresponder al curso de la misma, la duración de cada sesión de entrevista fue de 30 a 60 minutos, se tuvieron una o dos sesiones con cada participante y no pudieron grabarse las entrevistas ante la negativa de las trabajadoras.

Este grupo de trabajadoras se ubica en la calle “Alejandro Von Humboldt” que durante años ha sido conocida por ser el punto donde trabajan los travestis, los maricones o algunos otros sustantivos empleados coloquialmente para señalarlos. Es una zona habitacional que se encuentra a una cuadra del hospital más grande del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta capital. Se ubican para realizar sus labores entre dos de las avenidas más transitadas que son “Miguel Hidalgo” y “José María Morelos”. El horario en el que trabajan es desde las 21:00 hrs., aproximadamente, hasta que deja de haber clientes, que entre semana es alrededor de las 00:00 hrs., mientras que los viernes y sábados pueden terminar su jornada entre la 1:00 y 2:00 hrs. del día siguiente. Los servicios brindados pueden tener efecto en una casona ubicada en la esquina de las calles “Alejandro Von Humboldt” y “León Guzmán” (ubicada en medio de “Miguel Hidalgo” y “José María Morelos”)[b], en domicilios particulares, en hoteles y, aunque las propias trabajadoras lo nieguen, en el automóvil del cliente o a pie en rincones oscuros de la calle León Guzmán[c]. La mayoría de ellas trabaja sólo en la calle, sin embargo, hay quienes también trabajan de manera independiente durante el día ofreciendo sus servicios en la sección de anuncios clasificados de periódicos locales y en páginas de internet, bajo esta modalidad el servicio es más caro y puede ser brindado en el departamento de la trabajadora, en un hotel o en el domicilio del cliente.

Para poder entrevistarlas se contactó a la jefa del Departamento de VIH/SIDA del Instituto de Salud del Estado de México, quien, por medio del personal del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), solicitó a las trabajadoras que acuden al centro por condones, nos pudieran dar tiempo para entrevistarlas en las instalaciones del mismo, sin embargo, aunque algunas aceptaban no se concretaban fechas para la entrevista, por lo cual, se asistió personalmente al punto de trabajo por la noche para solicitar la entrevista. Al llegar al sitio se aludía que iba por recomendación de la Jefa del Departamento de VIH/SIDA para pedirles su colaboración en un estudio, dicha presentación permitió su apertura debido a que ya han recibido atenciones de su parte mediante algunos programas del CAPASITS.

Cinco transgénero aceptaron ser entrevistadas en el sitio donde trabajan sin pedir remuneración a cambio, no todas accedieron a ser entrevistadas, algunas referían que estaban trabajando y que no tenían tiempo, otras decían que no les gustaba ser entrevistadas. Debido a ello se les ofreció un pago por la entrevista pero a pesar de ello seguían resistiéndose, sólo una aceptó colaborar en el estudio y pidió que asistiera a su departamento. Una vez realizada la entrevista, ella misma apoyó para convencer a otras dos travestis que viven en el departamento contiguo, las cuales aceptaron a cambio del pago. Cabe señalar que hubo otros dos casos de negativa en el departamento, a pesar del pago, por lo cual ya no se pudieron realizar más entrevistas.

Las características de las participantes son muy variadas. Las edades oscilan entre los 22 y 45 años; dos de ellas son de Toluca, una es de otro municipio del Estado de México, las demás vienen de otras entidades federativas como Veracruz, Monterrey, Michoacán y Distrito Federal. El nivel de escolaridad abarca desde la educación primaria hasta la licenciatura. Entre ellas existe un acuerdo para ya no permitir el acceso a travestis que no sean originarias del Estado de México y manejan una tarifa única para que no haya competencia desleal, el servicio oral tiene un costo de $200.00 y el servicio con penetración $400.00, aquella que no respeta estas tarifas es expulsada del grupo y pierde la oportunidad de trabajar en esa calle, y cabe resaltar que es la única en Toluca en la que se permite la prostitución con la condición de portar una credencial que las identifica como trabajadoras sexuales, ésta es otorgada por “Grupos vulnerables”, una asociación que emerge del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que actualmente gobierna el Estado de México y el municipio de Toluca.
El grupo de hombres transgénero está dividido en dos, ambos se ubican en la calle “Alejandro Von Humboldt” pero el grupo más pequeño se ubica en esquina con “León Guzmán” mientras que el más numeroso lo hace en la esquina con “Miguel Hidalgo”. Si bien comparten el espacio, pues llega a haber movilidad entre los dos puntos, en general se mantienen en su propio punto de trabajo pues han existido ciertas rencillas porque unas ganan los clientes a otras.

Por otra parte, a las mujeres no se les permite trabajar en este sitio, el razonamiento es que las mujeres pueden trabajar en bares y a ellas no se les permite, así que no tienen porqué perder las calles también. Todos tienen una orientación homosexual, ninguno se asume como bisexual. También han tenido otros trabajos antes y de manera simultánea dos trabajan durante el día en estéticas, pero prefieren el trabajo sexual porque la paga es mayor y pueden definir los tiempos de trabajo, no hay un horario rígido en el que tengan que estar presentes. Ninguna de ellas tiene una pareja estable, han tenido relaciones temporales o efímeras. Sus familiares cercanos ya saben qué trabajo realizan y aluden que no ha habido problemas graves con su familia por ejercer este oficio, sólo hay tres casos en los que mantienen oculta su actividad laboral pero no su orientación sexual. Para evitar ser descubiertos y tener una coartada si los ve algún conocido en la calle, comentan con sus familias que hacen espectáculos de imitación de cantantes famosas y por eso usan pelucas y se visten de manera exuberante.

Violencia contra las trabajadoras del sexo

Existen investigaciones realizadas en el plano internacional que pueden ilustrar la forma que toma la violencia ejercida por los clientes hacia las trabajadoras del sexo. De acuerdo con una investigación realizada en Tailandia (5), uno de los principales factores que detonan la agresión por parte de los clientes es la presión para no usar condón, primero puede presentarse como solicitud o persuasión pero ante la negativa de la trabajadora esto puede transformarse en violencia. El mismo panorama encontró Willman(14) en Nicaragua, quien reporta que cuando un cliente exige en la relación comercial no usar condón, la trabajadora tiene que decidir si prefiere evitar el riesgo inmediato de agresión por parte del cliente ante la negativa o prefiere evitar la contracción de una enfermedad; si decide no tener la relación afronta una pérdida económica y de tiempo, por lo que la presión económica se suma en su contra.

Por otra parte, también los elementos estructurales pueden llevar a las Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS) a exponerse más a actos violentos. En un estudio(13) se demuestra cómo los factores de riesgo múltiples se encuentran y varían según los tipos de ambientes de trabajo sexual, en una muestra de 348 trabajadoras sexuales migrantes en Beijing se encontró que las trabajadoras de establecimientos de diversión fijos son más vulnerables a la violencia por parte del cliente que las trabajadoras de la calle.

Otro factor estructural hallado entre las trabajadoras de Australia es la restricción legal del comercio sexual, como un elemento que vulnera el control individual de la interacción con los clientes y que las expone a la presión por parte de estos(10).

Se debe considerar también el consumo de alcohol y drogas por parte del cliente como un elemento que pone en riesgo de una agresión a las trabajadoras, tal como Shannon et al.(11) lo muestran en su investigación realizada en Canadá y Choi y Holroyd(3) hacen lo propio en China; el consumo de drogas aumenta las probabilidades de ser presionada por el cliente a tener prácticas que no desea y la negativa siempre conlleva el riesgo de ser violentada físicamente.

Sin embargo, estas limitaciones no incapacitan a las mujeres sino que éstas hallan métodos para decidir individualmente y adquirir protección personal y ventajas económicas. En un estudio realizado en Mainland, China, se encontró que las estrategias que suelen implementar para afrontar la presión de los clientes son la persuasión al cliente y la evitación de la relación(3).

Por su parte, Cusick (4) encontró en Glasgow, Gran Bretaña, que para las MTS tener una relación constante alivia de anteriores rutinas de su trabajo y relaja como resultado de la familiaridad y la confianza en el trato con los clientes conocidos. Tener clientes regulares permite evitar los problemas de violencia, por lo que, desde esta perspectiva, el problema del uso de condón no radica en sí mismo sino en la violencia que sufren las mujeres.

Estos resultados reportados en otros países mantienen cierta similitud con lo que se encontró en la ciudad de Toluca. Aunque en las entrevistas no se reportan casos de agresión por parte de clientes, si hay referencia a quejas airadas de éstos cuando no se satisfacen sus demandas tal como ellos lo piden: hay unos que se aguantan la eyaculación y luego luego se siente, entonces le dices que como ya se aguantó ya se acabó el servicio y se molestan, pero cuando les dices que pueden seguir pero pagando otro [servicio] ya no quieren; luego se tardan mucho en venir y tú terminas el servicio entonces se enojan pero pus el servicio dura entre 5 y 10 minutos, 15 máximo.

Una forma de coerción hacia ellas es la exigencia de prácticas poco comunes: una vez me pidieron que lo maquillara y lo vistiera de vieja mientras él me apuntaba con su pistola; llegan con sus dildos para que tú se los metas; vino una pareja para que yo tuviera relaciones con los dos pero querían que yo se lo hiciera a ella y a mí me dan asco las mujeres. Estas prácticas están rodeadas de presión para ellas debido a que las solicitudes no se expresan en el momento de la negociación del servicio sino hasta que están instalados en el hotel o el domicilio particular, con lo cual se enfrentan a la tensión de rechazar el servicio con la pérdida implícita de dinero y tiempo, así como el temor de ser agredidas si se niegan.
La mayoría de las participantes relataban que todo depende de cómo se les trate a los clientes: si tú les hablas lindo y les das el avión cuando te dicen cosas no hay porqué te agredan. Entonces las agresiones por parte del cliente son percibidas como algo que puede estar bajo control de la propia trabajadora. Esto aplica aún cuando los clientes asisten a pedir servicios en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, ninguna de las participantes reportó problemas cuando el cliente se encuentra en esas condiciones. Más aún, hubo quienes reconocieron que han tomado bebidas alcohólicas con clientes que conocen o que les gustan, pero ninguna refirió el consumo de drogas.

Sin embargo hay otro tipo de violencia hacia ellas, que no es ejercida por los clientes sino por la sociedad en su conjunto. Una de las participantes con más tiempo de experiencia en el trabajo sexual en la ciudad de Toluca relata que a veces pasan personas en sus automóviles, principalmente jóvenes, que avientan cohetes, arrojan piedras, accionan extinguidores contra ellas o profieren insultos, ante lo cual reaccionan con una respuesta igual o más agresiva: si les toca la luz roja del semáforo apedrean o patean el automóvil y si pueden bajar a los sujetos del vehículo también a ellos los golpean hasta que piden perdón. Al respecto, cabe señalar que las transgénero consideran que las mujeres son más vulnerables, pues finalmente nosotras [las transgénero] también somos hombres y eso les da fuerza para defenderse, mientras que las mujeres siempre son más débiles que el agresor.

Un elemento estructural que cobra relevancia es el partido político en el gobierno, mientras hubo administraciones municipales del Partido Acción Nacional (PAN), éstas fueron hostigadas por las propias autoridades, había redadas para retirarlas de la calle y tuvieron que ubicarse en diferentes lugares de la ciudad en un intento por evitar que las detuvieran. Cuando regresó el PRI al gobierno municipal, se abrieron mesas de diálogo entre autoridades y trabajadoras sexuales en donde acordaron que podrían trabajar temporalmente en el punto ya referido pues existe un proyecto para crear una zona roja en la ciudad de Toluca. Esto trajo consigo que las agresiones por parte de policías disminuyeran y que las participantes se pudieran concentrar en cuidarse del cliente y no de las autoridades.

Las trabajadoras transgénero han desarrollado estrategias para cuidarse, entre las que encontramos: priorizar un esquema de agrupación, es decir, se asocian para rentar departamentos en donde brinden sus servicios y así tener control sobre quién entra y qué ocurre durante el servicio. Memorizan las placas del automóvil de los clientes que durante la negociación parecen sospechosos. Evitan ir a lugares lejanos cuando el cliente las recoge de la calle. Otra acción que toman es que el primer servicio al cliente que contactan por teléfono tiene que ser en el departamento de la trabajadora para conocerlo y si se vuelve un cliente asiduo y de confianza entonces aceptan brindar el servicio en un hotel o en la casa del cliente. Por otra parte, evitan al máximo el servicio en el domicilio del cliente cuando están trabajando en la calle pero cuando no se puede sortear las compañeras llaman al teléfono celular de la trabajadora que fue levantada cuando ésta ha tardado más tiempo de lo normal en regresar. Por otra parte, cuando el servicio es brindado en la casona de la calle en que trabajan y sufren alguna agresión o mal trato, llaman a gritos o silbidos a las demás para que entre todas se defiendan, como ocurre cuando alguien al pasar en su vehículo las agrede.

¿Qué se puede hacer en materia de políticas públicas?

Hacer frente a la violencia que viven las trabajadoras del sexo implica asumir una postura en torno al trabajo sexual, lo cual lleva a las autoridades a trazar políticas públicas que ponen de relieve una moral. En el caso particular del comercio sexual esto es algo que no puede disociarse, el actuar público del funcionario y la moral individual y social del mismo.
Aquí no se trata de un tema como el bullying en el que todos estarán a favor de combatirlo, estamos ante un asunto casi tan polémico como el aborto, en donde existen grupos a favor y en contra que sustentan su postura en una serie de valores, la mayoría de ellos de origen religioso, que se oponen entre sí.

Por eso, la primera tarea es exponer las tres posturas principales en torno al trabajo sexual que a su vez presenta Elvira Villa(12) en su artículo “Estudio antropológico en torno a la prostitución”.

La primera es denominada “El cuerpo como delito”. Desde este discurso, el intercambio mercantil de servicios sexuales atenta contra valores éticos: la gestión sexual del cuerpo femenino resulta ser oficialmente un delito de carácter moral y legal, que provocaría la perdición y corrupción de los valores tradicionales. Aplicar este enfoque ante el fenómeno de la prostitución significa que el Estado adopte un papel de guardián de la moral, que normalmente está determinado por las creencias religiosas. Por tanto, esta actividad ha de ser erradicada por ley, prohibiendo su ejercicio y penalizando a aquellas personas relacionadas con ella, especialmente a las prostitutas. Estas teorías político-sociales se denominan prohibicionistas(12).

La segunda postura es nombrada “El cuerpo como negocio”. Un sector importante de la sociedad exige una regulación comercial de los negocios sexuales por parte del Estado. Desde aquí encontramos dos discursos, los reglamentaristas y los laboralistas, que suponen el reconocimiento de la existencia de dicha actividad. Sin embargo, proponen cosas diferentes. La reglamentación indica la existencia de excepciones al derecho penal para aquellos sectores de la industria sexual que cumplan ciertas condiciones. Mientras que, el discurso laboralista supone equiparar los derechos laborales de las prostitutas con los derechos de cualquier otra profesión formalmente reconocida, con la misma protección social y jurídica.
Desde estos discursos la prostitución queda enmarcada en su totalidad como una actividad laboral. Como efecto de este tipo de medidas, el negocio existente en torno a la prostitución deja de criminalizarse, lo que no sólo afecta a las trabajadoras, sino también a las terceras personas que median y tienen relación con este comercio.
Estos sistemas suelen imponer controles sociales, policiales y sanitarios obligatorios; es decir, puede traducirse en la instauración de controles periódicos y obligatorios por parte de su médico, el ejercicio en zonas de prostitución libre alejadas de los barrios residenciales y el pago de impuestos especiales por ejercer esta actividad. También supondría fiscalizar los beneficios que generan las actividades económicas de la industria y el comercio del sexo(12).

Por último, “El cuerpo como mercancía y como víctima”, esta mirada de la prostitución la entiende siempre como una forma de esclavitud sexual. Es una forma de violencia contra las mujeres que atenta contra su integridad y dignidad. En este sentido, la prostituta es la víctima de un proceso que no controla, pues su decisión está limitada por condiciones sociales estructurales (pobreza, marginación, falta de oportunidades, abuso sexual).

Este enfoque se denomina abolicionista y defiende la erradicación de la prostitución con medidas legales que no actúan sobre la trabajadora sexual en sí, sino que se dirigen a las personas relacionadas con su organización y explotación. Estas medidas legales penalizan el tráfico y el proxenetismo (coercitivo o no), y a las personas consumidoras de los servicios sexuales. A su vez, defiende la aplicación de medidas que ayuden a la rehabilitación de las víctimas del tráfico y de la prostitución(12).

Como puede apreciarse, cada una de estas posturas señala una forma de actuar con respecto a la prostitución y por tanto a la violencia que opera en ese ámbito, que cabe señalar, no afecta sólo a las trabajadoras transgénero sino también se presenta con las mujeres que se dedican a la prostitución y por tanto habría que tomar medidas que abarquen todas las modalidades de comercio sexual.

Si partimos del enfoque prohibicionista no tendría que atenderse el problema de la violencia pues el trabajo sexual, de inicio, no debería existir; así que no hay porque pensar en soluciones para proteger a las trabajadoras sexuales, hay que criminalizarlas e impedir que sigan ejerciendo su oficio.

Ahora bien, si aplicáramos una visión abolicionista tendríamos que pensar en implementar programas de reinserción social para las trabajadoras del sexo, que consideren antes que nada, protección física, económica y jurídica, para que éstas puedan abandonar la prostitución sin la preocupación de ser agredidas por su proxeneta, así como tener recursos económicos garantizados para solventar sus necesidades y, no menos importante, la certeza jurídica de que no habrá ninguna acción legal contra ellas. Sin embargo, para lograr la reinserción, se requiere de capacitación laboral para que puedan ejercer un oficio distinto, atención psicoterapéutica para aquellas que lo requieran y acceso a seguridad social.
Esta última opción requiere de programas más robustos y complejos que no son imposibles de implementar pero que primero tendrían que afrontar la falta de voluntad y deseo de las propias trabajadoras del sexo por dejar ese oficio. Este empleo presenta ventajas por la remuneración que obtienen, entre $600.00 y $1,000.00 por día, con sus altibajos pero podríamos hablar de un promedio de  $15,000.00 mensuales, que difícilmente pueden conseguir con un trabajo que exige cumplir un horario rígido y que, además, será complicado conseguir por la discriminación que hay contra ellas por su identidad sexual.

La opción de los reglamentaristas y laboralistas conlleva elevar a trabajo formal el oficio de la prostitución y eso demanda que se cree una instancia que registre, monitoree y certifique a las trabajadoras, de manera que tengan que cumplir con atención médica, controles sanitarios, obligaciones fiscales y una normativa precisa en torno a las condiciones y características de los servicios que se brinden, o hasta pensar en la creación de una zona roja que permita un mayor control sobre la operación del comercio sexual. Todo esto en su conjunto protege a las trabajadoras del sexo pero también limita su capacidad de acción y afecta intereses de terceros, como los y las  proxenetas, los dueños de hoteles, bares y table dance, entre otros.

Ésta tampoco es una opción sencilla en su diseño y su instrumentación, no obstante, aparece como la más congruente con los actores y el contexto social en el que se presenta la problemática. Las trabajadoras del sexo manifiestan abiertamente su intención por seguir desempeñando ese oficio, hay quienes no se ven a sí mismas realizando otro trabajo y refieren: voy a seguir en la calle hasta que ya no le guste a los clientes. Por otra parte, algunas ven el trabajo sexual como una actividad temporal que realizarán hasta que ahorren lo suficiente para poner su propio negocio, como una estética o cocina económica, mientras que otra de las participantes expresó que trabajará en esto hasta que logre ganar lo necesario para hacer su operación de cambio de sexo. Para ninguna de las entrevistadas es desagradable su trabajo, la mayoría refieren que les gusta y todas manifiestan que cuando el cliente les gusta lo disfrutan como si no fuera trabajo, llega a darse el caso de no cobrar porque les pareció atractivo el cliente.

Por otra parte, como ya había sido expuesto al inicio del documento, el comercio sexual ha incrementado en la ciudad de Toluca. La demanda por estos servicios va en aumento de acuerdo con el testimonio de las participantes, las características de los clientes son muy variadas, acuden jóvenes, adultos y senectos de todos los estratos sociales y de diversas profesiones y ocupaciones. Por el crecimiento de los corredores y parques industriales del Valle de Toluca que trae consigo el arribo de gente proveniente de otros estados que radica temporal o permanentemente en la zona, además de los cambios culturales y sociales que han generado que el trabajo sexual sea más demandado, se vuelve casi imposible la prohibición de la prostitución.

Debe haber claridad en el sentido de que “la prostitución no genera un nuevo marco para la sexualidad, sino que reproduce y magnifica el existente”(12). Condenarla exige sancionarla y así se quedaría en el lugar que ocupa actualmente, como una actividad que se pretende erradicar en el discurso pero que un sector de la misma sociedad busca desde el anonimato.
Las acciones del gobierno por erradicar de las calles la prostitución no han tenido éxito, el fracaso de la política prohibicionista está a la vista de todos. Cuando se les persiguió no desapareció el comercio sexual, sólo cambió de lugar. Además, cabe señalar que mientras se realizaba el trabajo de campo para la presente investigación se implementaron operativos para clausurar salones de masaje erótico y casas de citas, lo cual corrobora que la mirada con que se ve la prostitución en la ciudad de Toluca es de erradicación; se busca prohibirla y penalizar a aquellas personas que la ejerzan, pero al cliente no se le castiga.

Resulta entonces evidente que las acciones para detener la prostitución no han funcionado y esto se debe a que dentro de la misma comunidad que condena existe una solicitud de servicios sexuales comerciales. Si no existiera demanda no habría oferta, así la prohibición no puede funcionar. Pero tampoco se ve viable una política abolicionista, ya que no todas las trabajadoras del sexo tienen el deseo de abandonar el oficio y el rescate de la trabajadora sólo prospera cuando el actor quiere ser rescatado.

Estas condiciones obligan a tomar una postura laboralista y reglamentarista que, más allá de los valores individuales o comunitarios y de las actitudes personales, es la que propone el esquema de atención más adecuado para los problemas de violencia que enfrentan las trabajadoras entrevistadas, pero también permitiría implementar medidas preventivas para la contracción de VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Tal vez el problema de violencia contra las trabajadoras pueda ser indiferente para muchas personas o hasta se entienda por el sector más conservador de la sociedad como un resultado merecido por practicar ese oficio, sin embargo, existe un problema de salud pública que debe ser atendido, el VIH/SIDA y las ITS, que no sólo afecta a quienes se dedican a la prostitución sino también a los clientes y a sus esposas cuando éstos las contagian.

La reglamentación de la prostitución en el Valle de Toluca no es un tema que pueda posponerse por mucho tiempo. La inconformidad de los habitantes de la zona donde trabajan las transgénero es otro factor que imprime presión sobre las autoridades que, si bien ya consideran la creación de una zona roja, no están considerando medidas totalitarias para ordenar el comercio sexual. Trasladar los actores de un lugar a otro no resuelve el problema.

Pareciera que el peso de lo moral es siempre decisivo cuando se trata de decisiones que atañen a la prostitución, ya lo refiere Fondevila(7), como una noción conflictiva porque a pesar de considerar este oficio en la mayoría de los casos como una actividad permitida (es decir, no prohibida por ninguna norma del sistema), los jueces se sienten obligados a expresar su rechazo moral a dicha actividad. Es una relación problemática entre legalidad y moralidad donde se transparenta, a pesar de no ser necesario, la concepción moral que el sistema judicial tiene del comportamiento sexual correcto que debe guardar la sociedad. Entonces, si el comercio sexual es impropio tendría que castigarse a todos los actores que tomen parte del acto: la trabajadora, el trabajador, el cliente, la clienta. El castigo tendría que aplicarse sin distingos de ningún tipo pero no es así, se criminaliza a quien ofrece sus servicios pero no al que los contrata, así vemos una doble moral que convierte en víctima al cliente y le perdona sus actos.

Las ciencias sociales y la administración pública no pueden seguir entrampados en una discusión moralista sobre la prostitución, como lo citaban Gomezjara, Barrera y Pérez(8) desde hace casi cuatro décadas: “La investigación social en México sobrevive en el invernadero de los cubículos ascepticos y de espaldas a las incoherencias y vulgaridades de la vida cotidiana. Es una ciencia social decente, ascética y llena de parsimonia […] no le queda más opción que apelar a un lenguaje impersonal, acrítico y políticamente hueco, porque en el fondo se halla identificada con el orden establecido”. Se debe cambiar la mirada de la moral hacia la de salud pública. En último término, el derecho laboral fue concebido como una fórmula de protección para los trabajadores. Por tanto, “al elevar a estas mujeres a esta categoría las estamos dotando de un armamento legal con que defenderse, tanto de empresarios como de clientes y de mafias; sin victimizarlas ni infantilizarlas”(12).

Notas

[a] Se trabajó con transgénero y no transexuales, la diferencia entre estas identidades puede entenderse a partir de los términos que define González(9), los transexuales o capadas son gays que ya han tenido operaciones para cambiar sus genitales masculinos por femeninos. En el grupo que se estudió hay cinco participantes que ya se han operado para poner implantes en los senos, sólo dos de ellas se han puesto también implantes en los glúteos y piernas; las demás participantes sólo consumen hormonas para tener rasgos más femeninos, que de acuerdo con el mismo autor serían nombradas hormoneadas, pero ninguna se ha hecho una operación para cambiar sus genitales, en este sentido, sólo una manifestó sus deseos por hacer su cambio total. Volver al texto

[b] Esta casona era rentada por dos de las participantes cuando se realizó el estudio, la cual era prestada a algunas otras para realizar su trabajo. Volver al texto

1.Acharya, Arun; Salas, Adriana. Violencia y tráfico de mujeres en México: una perspectiva de género. Revista estudos feministas. Santa Catarina: Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, vol. 13, no. 3 (2005), p. 507-524, 2005. Volver al texto

2. Ariza, Marina. Obreras, sirvientas y prostitutas: globalización, familia y mercados de trabajo en República Dominicana. Estudios sociológicos. México: El Colegio de México, vol. 22, no. 1 (2004), p. 123-149. Volver al texto

6.Diez, Enrique. Prostitución y violencia de género. Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas. Madrid: Universidad Complutense, vol. 24, no. 4 (2009). Disponible en internet: http://www.ucm.es/info/nomadas/24/enriquediez.pdf [consultado en abril de 2012]. Volver al texto

7.Fondevila, Gustavo. Ambigüedad social y moral pública en las decisiones judiciales. La ventana: Revista de estudios de género. Guadalajara [PAIS]: Universidad de Guadalajara, no. 30 (2009), p. 46-86. Volver al texto

9. González, César. Travestidos al desnudo: homosexualidad, identidades y luchas territoriales en Colima. México, D.F.: CIESAS y Miguel Ángel Porrúa, 2003, p. 96. Volver al texto

11.Shannon, Kate, et. al. Structural and environmental barriers to condom use negotiation with clients among female sex workers: implications for HIV-prevention strategies and policy. American journal of public health. Washington, DC: American Public Health Association, vol. 99, no. 4 (2009), p. 659-665. Volver al texto