Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral

Sociología del Litoral Asociación Civil (SLAC)

lcristina_alvarez23@hotmail.com

Para citar este artículo: Rev. Arg. Hum. Cienc. Soc. 2022; 20(1). Disponible en internet:
http://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_v20_n1_03.htm

Resumen

En este ensayo me propongo analizar las inundaciones 2003 y 2007 en el aglomerado Santa Fe, como detonantes de una problemática que colocó a la población santafesina en  condiciones de riesgo y vulnerabilidad hídrica. Al mismo tiempo, reflexionar, por un lado, sobre las experiencias participativas de las organizaciones sociales de base territorial que históricamente vienen trabajando la asistencia, seguridad y bienestar de las familias y, por otro lado, la tensión entre Estado local y sociedad civil respecto a la justicia impartida por la Corte Suprema de nuestra ciudad en la búsqueda de los responsables políticos del desastre hídrico. Respecto de ello, se hace necesario considerar la acción colectiva de los actores sociales para alcanzar políticas públicas y sociales de reparación económica, al igual que las respuestas frente a la impunidad durante la inundación y después de ella.

Abstract

In this essay I tend to analyze the 2003 and 2007 floods in the Santa Fe agglomerate as triggers of a problem that place the population of Santa Fe in conditions of risk and water vulnerability. At the same time, to reflect on the participatory experiences of territorially based social organizations that have historically been working on the assistance, safety and welfare of families, on one hand; on another hand, the tension between the local State and civil society regarding justice given by the Supreme Court of our city in the search for political decision-makers of the water disaster. At this respect, it is necessary to consider the collective action of the social actors to achieve public and social policies of economic reparation, as well as responses to impunity during and after the flood.

Introducción

El fenómeno de las inundaciones en el Aglomerado Santa Fe [1] ha sido una constante a lo largo de su historia dado su emplazamiento en una geografía marcada por la presencia de los ríos Paraná y Salado. A partir de la década de los ’80, muchas de las inundaciones acaecidas en la región y como consecuencia de la crecida de los ríos se fueron remediando hasta alcanzar su solución a través de obras de defensa, terraplenes y construcción de autopistas-circunvalación que obraron como prevención.

Desde esta perspectiva se puede afirmar que la construcción del territorio urbano  en la ciudad de Santa Fe se encuentra en el cruce de dos problemáticas: por un lado, la forma de hacer ciudad y, por otro, los riesgos y desastres (Vland y González s/f). En este sentido es necesario entender que existen áreas sujetas a peligrosidades naturales como articulación y resultado de las condiciones de sitio -naturales- y las socialmente producidas (Lindón 1989)[2].

Los autores antes mencionados manifiestan que durante 1979 en la ciudad de Santa Fe se logró aprobar la exigencia de una cota de 15 metros para la ejecución de urbanización con reglamentos y subdivisiones. Este reglamento de edificación aún se encuentra en vigencia a través de diferentes ordenanzas [3]. Asimismo, los expertos confirman que dentro de estas aprobaciones la no ocupación de sectores anegadizos en zona RUA [4] no se alentó a nivel de gobierno. En el sector oeste y sur de la ciudad se construyeron complejos de vivienda FONAVI (barrio Centenario) como política de vivienda para formalizar la ocupación de villas miserias ubicadas en terrenos fiscales y se ubicó el sector medio de la población que no podía acceder a la tierra.

Sin embargo, ninguna de las anteriores inundaciones que se tenga registro es comparable en magnitud de sus efectos sobre el área urbana como la provocada por el desborde del río Salado, el 29 de abril y principios de mayo de 2003. Este acontecimiento dejó huellas en la vida de los vecinos ubicados en la zona oeste ocasionando la pérdida de viviendas, la falta de recursos materiales y (emocionales) y desacoplando la vida de miles de personas en cuestión de horas. De ellos se infiere que estaríamos frente a una catástrofe no solamente hídrica, sino también política y social; una de las más drásticas en la historia de Santa Fe.

La inundación 2003 conmovió a la comunidad en general; tuvo repercusión a nivel local, nacional e internacional. Los resultados de este desastre fueron la pérdida de vidas humanas [5], afectando al 30% de la población urbana y a un 20% de hogares.

El desastre ambiental que provocó el ingreso del agua del río Salado a la ciudad, se relaciona con el inicio de una obra inconclusa a nivel provincial. Como se mencionó, dicho acontecimiento afectó a la población del sector oeste con una inundación de grandes proporciones, marcó la vida cotidiana de grandes barriadas. En dichas circunstancias, las familias se vieron obligadas a tener que abandonar sus viviendas y su territorialidad. Al respecto, el diario UNO de Santa Fe (28/04/2017) manifestó que su epicentro fue una obra de defensa protectora sobre el río Salado a la altura de la zona del Hipódromo del barrio Las Flores, ya que no estaba debidamente finalizada. En suma, esta situación permitió el ingreso del agua del río e inundó un tercio de la ciudad capital, a la vez que arrasó la mayoría de los barrios que componen el distrito suroeste y parte del distrito centro. Más aún, en contraste con los acontecimientos del 2003, la ciudad de Santa Fe volvió a ser afectada por la acción de las intensas lluvias en el año 2007. Cabe señalar que los vecinos perjudicados por la anterior inundación aún no habían logrado solucionar la vuelta al barrio, remediar las pérdidas materiales y emocionales. Sin embargo, se vieron obligados nuevamente a abandonar sus hogares debido a un nuevo anegamiento producto de las altas precipitaciones.

Más aún, este fenómeno instaló en el colectivo social santafesino el descontento de la población frente a las autoridades competentes del momento y construyó una memoria selectiva que se hizo eco de las injusticias sufridas [6].
Frente a ello, cobra relevancia el modo en que las organizaciones de la sociedad civil generan transformaciones e inciden en la orientación de las intervenciones estatales  con la dinámica social (Rofman 2019). Es decir, el ámbito público no estatal que en palabras de Cunill Grau (1997) es una esfera de acción sobre las cuestiones públicas que  no se limita al Estado, ni exclusivamente a la sociedad civil o a intereses privados. Señala que es el espacio de lo común, de lo colectivo, donde circulan actores, acciones y debates que interesan al conjunto de la sociedad.

De ahí que en este escenario se puede evidenciar la participación ciudadana de los actores santafesinos y su protagonismo por diferentes medios colectivos, procesos que generan transformación en sus vidas cotidianas y en los asuntos públicos. Según Rofman (2019) la lucha colectiva en el universo asociativo de base popular y las políticas públicas, conforman uno de los motores principales para comprender los grandes procesos de transformación social, así como recordar que las organizaciones sociales territoriales tienen incorporadas en sus estructuras los modos de relacionarse vigentes para cada momento histórico. Como se puede observar la “participación ciudadana” hace evidente que las decisiones y acciones públicas no son monopolio de la acción estatal, ni tampoco del entretejido comunitario, ésta se desenvuelve en el ámbito público no estatal, como lo denomina Cunill Grau (1997). Es decir que la persistencia y las múltiples estrategias de participación ciudadana al interior  de las organizaciones han trascendido el marco de la participación comunitaria para incidir en la toma de decisiones públicas. Diversas organizaciones civiles, sindicatos, estudiantes y vecinos damnificados durante dieciséis años y puntualmente el “29 de abril” de cada año, se movilizan con el objetivo de hacer valer la defensa de los derechos ciudadanos, el pedido de justicia, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la destrucción ocasionada por el desastre hídrico.

De forma sintética, en los próximos apartados se propone contextualizar las inundaciones 2003 y 2007 que colocó al aglomerado Santa Fe en condiciones de riesgo y vulnerabilidad hídrica, profundizando la protesta como medio que incidió en las políticas públicas locales en el período comprendido entre 2003 y 2019.

1. La construcción social del riesgo y el desastre en la ciudad de Santa Fe

La categoría construcción social asociada con el riesgo (García Acosta 2005) y la conflictividad ambiental -en el caso de las inundaciones 2003 y 2007-, permiten entender y explicar las transformaciones de la dimensión social, económica, política y simbólica cultural desde una mirada crítica hacia los desastres.

No obstante, cuando hablamos de riesgo estamos frente a una problemática más compleja, para la cual no existe una única perspectiva de abordaje. Por ello, se hace  necesario referenciar a Beck (1998), para quien la “sociedad del riesgo” refiere al conocimiento parcial de una sociedad sobre la probabilidad de daño (Wynne 1992) y posee un carácter diferenciado dado que no afecta de la misma manera a todos los actores sociales que enfrentan ese riesgo.

Otra mirada interesante sobre el riesgo es la que se sostiene desde las organizaciones sociales populares, tal como lo demuestra el testimonio de una representante de la Organización Civil Canoa:

“El riesgo es una construcción social más que física, más allá de mayor o menor riesgo y depende de la acción que se haga en territorio y por el otro lado que las leyes siguen siendo una creación del hombre y respondiendo a intereses. Entonces te das cuenta que hay definiciones políticas claras de actores que juegan. Te das cuenta que la construcción del riesgo es una decisión social y que la definición de cuáles son las zonas más vulnerables en la ciudad no tiene que ver con lo físico, sino con intereses que se juegan” (T. S. Mónica, 19-10-2017). [7].

Otro punto esclarecedor es el de Beltramino (2016), entiende que estos eventos han sido un punto de inflexión para la comprensión y gestión del riesgo de las inundaciones locales. La especialista manifiesta que estos eventos afectaron a diferentes sectores sociales y el nivel de exposición en ambos fue desigual. A ello añade que los sectores medios se movilizaron e intervinieron en el espacio público denunciando la responsabilidad política. Mientras tanto, los sectores populares no solo se encontraban en desigualdad de condiciones, sino también potencialmente amenazados porque su vulnerabilidad era mucho mayor que la del resto de los actores sociales.

Es de importancia sumar a estas ideas que en el momento de las inundaciones del 2003, Santa Fe se encontraba dentro de un proceso de segregación residencial [8] que potenció la vulnerabilidad de los actores sociales en especial, de los sectores populares que se encuentran ubicados al margen de la ciudad Capital.

2. Los efectos de una crisis económica, política y social y la acción de los agentes sociales en el campo social de la pobreza en la ciudad de Santa Fe

En este apartado me propongo demostrar la correlatividad que existe entre la vulnerabilidad social producto de los modelos económicos que operan en forma adversa sobre la sociedad civil —en este caso los barrios del oeste de la ciudad— y el modo en que la acción de diferentes agentes sociales producen cambios tanto en el ordenamiento territorial como en sus demandas al poder político local.

2.1 Contexto sociopolítico en el Aglomerado Santa Fe

Para analizar los hechos acaecidos en 2003 hasta la actualidad es menester conocer los procesos sociopolíticos vividos por la población santafesina anteriores a los acontecimientos ocurridos por el desborde del río Salado.

En cuanto a la evolución del mercado laboral en el aglomerado Santa Fe, esta ciudad y Tucumán presentaron la mayor tasa de desocupación ajustada [9] en el período 1985-1991; en 1996 llegaron al récord nacional de desempleo con un 28,8% (Arrillaga et al. 1998, p. 77). Santa Fe fue uno de los territorios que sufrió tempranamente los efectos del proceso de desindustrialización y desmantelamiento de sus bases de sustentación económica. Finalmente, la evolución del  sistema laboral se agravó sensiblemente a partir de las crisis recesivas de la segunda mitad de la década de los ’90 y fundamentalmente como consecuencia de las de 2001 y 2002.

De estos resultados se desprende que, en el período 2002-2003, en el cual se produjo la mayor inundación urbana, la tasa de desocupación abierta de la población joven (inferior a 24 años) triplicaba a la de la población adulta.

El trabajo realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2003) presentado a pocos meses del desastre, manifiesta los mayores niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, fragilidad y/o vulnerabilidad social con las áreas de mayor riesgo físico de anegamiento, que fueron las de afectación directa en el 2003. Los siguientes datos demuestran en este escenario que la  tasa de desocupación de jefes de hogar, que verificaba un valor del 12,5% en el total del aglomerado. En el área de afectación directa de la inundación alcanzaba un valor superior al doble; 26,5% y 41% de los hogares con jefatura femenina de los cuales el 64% tiene menores de 18 años a cargo, lo cual avizora una vulnerabilidad al adquirir un doble perfil social y de género.

2.2 Las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Santa Fe y su acción en territorios devastados

Para reflexionar sobre el contexto social comunitario de intervención (Carballeda, 1997-1999) de los agentes sociales en territorios devastados por el fenómeno de las inundaciones, es necesario considerar el rol de las Organizaciones Sociales de Base Territorial (OSBT).

Configuran estos grupos militantes sociales, religiosos y  profesionales comprometidos con gestionar las demandas de ese colectivo social, en su mayoría vecinos del barrio. A su vez, son demandantes de políticas de asistencia, pero su deber es cuestionar las estructuras que sostienen la desigualdad en los sectores populares (Rofman, 2002).

Cabe señalar que durante la catástrofe se delinearon dos tipos de OSC bien marcadas. Por un lado, las reconocidas socialmente; tales como Derechos  Humanos (DDHH), Canoa, Acción Educativa, Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), Familiares de desaparecidos, Centro de Protección a la Naturaleza, Madres de Plaza de Mayo, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Movimiento “Los Sin Techo”, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL), Primera Escuela de Psicología Social Pichón Rivière, Cáritas, Movimiento de desocupados en lucha, Movimiento territorial de Liberación (MTL), Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), entre otras. Por el otro, entre las organizaciones que surgieron a partir de la catástrofe hídrica podemos mencionar: Carpa Negra, Empresas afectadas, Marcha de las Antorchas, Asociación Civil 29 de abril, Vecinos Plaza Arenales, Mosid, Barrios Inundados, Murga Negra, ellas conformaron, junto a algunas de las organizaciones citadas precedentemente, la Asamblea Permanente de afectados por las inundaciones.

Como se afirmó en los párrafos anteriores la participación ciudadana y la acción de las organizaciones de la sociedad civil tuvo también dos momentos marcados en cuanto al proceso de intervención: durante y después de la catástrofe hídrica. En un primer momento, según informe de “Médicos del Mundo Argentina”, a cargo de los responsables Pérez y Razzotti (2015), tuvo lugar la tarea de diferentes equipos y la de voluntarios abocados a la evacuación de 120.000 personas, en alojamientos informales y en 200 centros de evacuados. Las autoridades estatales conformaron el Comité de Crisis bajo la responsabilidad del Ministro de Gobierno. De la misma manera, se formó el Comité Operativo de Salud (C.O.S) con la tarea de coordinar las operaciones de vacunación (antitetánica, antihepatitis A), asistencia sanitaria, control epidemiológico y distribución de elementos de higiene personal y domiciliaria. Desde el Comité de Crisis se asignó al Ejército el control absoluto de la distribución y racionamiento alimentario en los centros de evacuados y lo referente a ayuda humanitaria.

Acción fuertemente criticada por su responsabilidad durante la dictadura militar (1976-1984) y por la falta de preparación para dicha tarea. A la acción de estos organismos se suma la voluntad de las organizaciones no gubernamentales autoconvocadas por la emergencia, algunas ya se encontraban dentro de los barrios afectados y otras se fueron agregando con el correr de los días. Las organizaciones internacionales también se hicieron presentes: CIRC (Central de Información de Riesgos), UNICEF, Naciones Unidas, ECHO (Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil), OXFAM, Acción contra el hambre (ACH), Médicos sin Fronteras (MSF) y Médicos del Mundo (MDM) en este escenario

En un segundo momento, pasada la emergencia hídrica los afectados se vuelven a organizar colectivamente manifestándose en piquetes, cortes de ruta y movilizaciones para visibilizar las nuevas demandas posdesastre (Beltramino 2016) que no fueron resueltas en tiempo y forma por el Estado local y provincial. Sirva de ejemplo el caso de los barrios Arenales, Chalet y San Lorenzo que al momento de la inundación vastos sectores territorializados (Merklen 2010), no se encontraban incorporados en el mapa programático de emergencia por ser categorizados como zonas de asentamientos informales o no urbanizadas; quedando fuera del resarcimiento por daños. Las familias afectadas al no ser reconocidos como inundados se movilizaron realizando cortes de ruta y piquetes con el objeto de figurar en los mapas de mensura de la dirección de Catastro Municipal. Como resultado de estas movilizaciones el asentamiento El Arenal es reconocido como “barrio Arenales” (2007), se retoma el Plan Lote y la ayuda   material para reconstruir las viviendas que el agua se llevó (Alvarez 2019).

Otro tema que movilizó la participación ciudadana de manera masiva durante todos estos años fue la información oculta sobre la cantidad de fallecidos  durante y después de la catástrofe.

El primer acontecimiento popular de participación ciudadana fue a partir de los noventa y tres días de la inundación 2003 con la instalación de la Carpa Negra de la Dignidad levantada por los evacuados en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. La plaza para los afectados por la inundación representa el lugar común de la ciudadanía que se congrega año a año no solo por demandas sino también para concientizar formas de lucha,  muestras de solidaridad y lazos afectivos.
Otro ejemplo de participación ciudadana respecto a las inundaciones son las jornadas próximas al 29 de Abril. Los afectados realizan asambleas en clubes [10], para informarse sobre el seguimiento de la “Causa Inundaciones 2003” expediente que reúne a 4200 damnificados. De asambleas surgen documentos y petitorios para ser elevados a las autoridades gubernamentales.

Siguiendo la idea de Rofman y Foglia (2014) es plausible marcar en este proceso la articulación de la sociedad civil con el Estado local en ese período. A raíz de las movilizaciones populares y la inestabilidad sobre la seguridad de las personas después de sucedido el fenómeno se fortaleció el trabajo en red de los barrios afectados. Las organizaciones e instituciones barriales fortalecieron sus vínculos intra y extra territoriales. La “Red nueva vida” que agrupaba a instituciones (eclesiásticas, educativas, de salud) y organizaciones comunitarias (comedores, jardines, talleres de capacitación, etc., trabajaron junto al Estado local en la “gestión del riesgo” que consistió en un plan de evacuación o contingencia para todos los barrios afectados. La particularidad de esta mixtura tiene que ver con que en esta red se encuentran instituciones estatales (C.A.F, dispensarios) que residen en la zona afectada, haciendo más fluido el diálogo con el gobierno local.

Esto permite plantear que la acción emprendida por la participación ciudadana popular es la más democrática de las intervenciones de la sociedad civil. Como así también, el repertorio de acción de las organizaciones sociales de base territorial. En ese  universo coexisten diferentes relaciones con el Estado: prácticas de colaboración en gestión de políticas públicas, deliberación pública, participación, protestas y conflictos ante las demandas requeridas.

Finalmente podemos concluir que las inundaciones 2003 y 2007 visibilizaron un activismo político que permitió comprender la modalidad de relación entre la sociedad civil de base popular y el Estado local. La hipótesis planteada sobre la participación ciudadana y las organizaciones sociales de base territorial que históricamente venían trabajando la asistencia, la seguridad y el bienestar de las familias a partir del desastre hídrico adquirió una nueva modalidad de reclamo.

Notas

1. Comprende cinco localidades: Santa Fe, Santo Tomé, Recreo, Sauce Viejo y San José del Rincón.
2. Citado en Vland, y González, s/f.
3. Consultar el sitio web www.consejostafe.gov.ar
4. Rural Urbano Anegadizo.
5. La inundación dejó 130.000 afectados, 152 muertos por causas directas e indirectas y pérdidas económicas millonarias (CDH 2004; CEPAL 2003).
6. Este tema se desprende de los estudios realizados en mi Tesis de Licenciatura en Sociología, defendida en la Universidad Nacional del Litoral durante 2019.
7. Correspondiente a las entrevistas realizadas en el marco del trabajo de campo en barrio Arenales (Alvarez 2019).
8. Conceptualización citada por Beltramino (2016), según Katzman (2001) define segregación residencial como “proceso por el cual la población de las ciudades se va localizando en espacios de composición social homogénea. Entre los factores más importantes que se invocan como antecedentes de estos procesos están el grado de urbanización y la urbanización de la pobreza, el grado de concentración de la distribución del ingreso, las características de la estructura de distancias sociales propias de cada sociedad y la homogeneidad o heterogeneidad de la composición étnica, religiosa o por origen nacional de la población de las ciudades”.
9. Hacemos referencia a la tasa de desocupación que agrega los valores determinados de desocupación abierta, más la estimada como desocupación oculta.
10. Club República del Oeste ubicado en Avenida Freire 2763, es el lugar de reunión de los damnificados por la “Causa Inundaciones 2003” llevada a la justica por el Dr. Ivan Cullen.

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